El Gobierno dobló la apuesta al presentar ayer un planteo ante la Corte Suprema donde le reclama que destrabe el bloqueo en la designación de titulares para cinco juzgados en lo Civil y Comercial Federal, entre ellos el que tramita la causa de la ley de medios, y que anule el mecanismo “rotatorio” por el cual la Cámara de ese fuero designa jueces interinos semanales y jueces especiales para dictar sentencia a contramano de las reglas que fija la ley de subrogancias. Así lo explicó el ministro de Justicia, Julio Alak, quien dijo que espera que el alto tribunal se “avoque a resolver estas irregularidades”. También anunció la presentación de una denuncia penal ante la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que impulse una investigación sobre la conducta de un grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura que, según señala el documento, obstaculizaron la votación de una lista de aspirantes a ocupar en forma definitiva los juzgados vacantes.

El viernes pasado a última hora, en el fragor del conflicto, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, convocó con ánimo conciliador a los tres consejeros que representan al sector de los jueces en el Consejo de la Magistratura a reunirse con él y con la vicepresidenta del tribunal, Elena Highton de Nolasco, el lunes (ayer) por la tarde (ver página 7). El protagonismo del encuentro quedó algo opacado por las presentaciones escritas que hizo el Gobierno que, más allá de las chances institucionales de mediar que tenga el alto tribunal, pusieron a los jueces supremos en situación de tener que tomar partido o al menos definir una postura en la batalla. Al margen de los tecnicismos, el resultado que desvela a todos los actores que participan del intríngulis es qué juez tendrá finalmente la misión de fallar sobre la validez del artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que obliga al Grupo Clarín a desprenderse de licencias de radio y televisión.

Todos los planteos judiciales de ayer de la Casa Rosada fueron realizados por la Jefatura de Gabinete, con el patrocinio de la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona. Las explicaciones públicas las dio el ministro Alak. “Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que en su rol de superintendencia se avoque y que analice la nulidad de este sistema rotatorio (de nombramiento de jueces subrogantes) y se aplique la ley que regula qué debe hacer una Cámara cuando un juzgado queda vacante”, proclamó el titular de la cartera judicial. ¿A qué se refería? La Cámara en lo Civil y Comercial viene aplicando un régimen por el cual los cinco juzgados vacantes van cambiando de juez interino todas las semanas. Como complemento, fueron designados jueces específicos, sin el sorteo habitual, para dictar sentencia en las causas que estén condiciones. Algunos de esos magistrados son jubilados, como lo era Raúl Tettamanti, quien había quedado cerca de fallar sobre la ley de medios y finalmente renunció para ser reemplazado por una semana por Raúl Torti. Según Alak, como autoridad del Poder Judicial, la Corte puede –y debería– objetar todo este procedimiento.

Uno de los escritos ante los supremos alude a la ley que fija el régimen de subrogancias (26.376), que dice que en caso de excusación, recusación, licencia, vacancia u otro impedimento de jueces se debe nombrar como sustituto primero que nada al juez de igual competencia que le sigue en “orden de prelación” en la lista de juzgados: como el juzgado que tiene la ley de medios es el número 1, debería subrogarlo el juez del número 2, que es Horacio Alfonso, nombrado por el gobierno actual, el año pasado. Si no se puede aplicar esa regla, habría que sortear –dice la ley– un conjuez de una lista que debería confeccionar el Poder Ejecutivo, pero que nunca elaboró con la justificación de que apuestan a que haya jueces designados por concurso. La Corte se expidió sobre anomalías en la designación de subrogantes en 2009 cuando cuestionó a la Cámara Federal de Córdoba por poner en un juzgado federal de la capital de esa provincia a uno de Río Cuarto. Reconoce la facultad de las cámaras de designar suplentes, pero ajustándose a la norma vigente.

Otro aspecto del pedido del Gobierno a la Corte apunta a que “garantice” el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y encuentre alguna manera de desbloquear el nombramiento de jueces titulares, complicado por un grupo de cinco consejeros alineados con el radicalismo: el camarista Ricardo Recondo, los legisladores Mario Cimadevilla y Oscar Aguad y los abogados Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi. Este último cuestionó ayer a Alak y advirtió que hay “un gravísimo avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”. “La Corte en esto no tiene nada que ver”, disparó. “El Consejo es un órgano independiente y soberano”, insistió. Al alto tribunal no le quedará otra opción que debatir el asunto planteado en su acuerdo semanal, hoy.

Para completar su estrategia, la Jefatura de Gabinete le requirió a Gils Carbó que impulse una investigación para determinar si hay delito en la conducta de esos cinco consejeros que ya en tres ocasiones se negaron a votar la lista de posibles jueces para el fuero civil y comercial. La denuncia sugiere que pudieron incurrir en incumplimiento de los deberes de funcionario público y un apartamiento intencional de las leyes. El acento está puesto en la figura de Recondo, a quien se atribuye control en los nombramientos de subrogantes como integrante de la Cámara Civil –incluido el del caso Clarín– mientras que como consejero “impide finalizar el proceso de designación”. También hay una alusión al abogado Ostropolsky, porque su hermano, empresario de medios, es titular de una FM que retransmite los contenidos del Grupo Clarín. Lo más probable es que la procuradora general gire estas actuaciones a la Cámara Federal.