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El juez Civil y Comercial de Santo Tomé, Corrientes, Humberto De Biase Echeverría, fue destituido ayer por un contundente seis a uno de los votos del jury de enjuiciamiento de esa provincia. De Biase había otorgado, en cuatro expedientes, medidas cautelares para 17.060 gendarmes. Tardó una hora en concederlos y, según evaluó el fiscal, el perjuicio para el Estado fueron 1500 millones de pesos. La debacle administrativa y financiera que produjeron esas resoluciones judiciales estuvo en el trasfondo del reciente motín de gendarmes y prefectos. Todas las cautelares se cursaron a través de un único estudio de abogados y los beneficiados fueron gendarmes de todo el país, que no tenían ninguna razón para presentarse justo ahí. La sospecha es que existió una connivencia entre el juez –visiblemente incompetente–, los abogados y los encargados del área jurídica en Gendarmería. Por eso, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra los jefes y altos cargos de la Gendarmería por administración fraudulenta, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La audiencia de ayer, en que el juez fue destituido, confirmó detalles grotescos de la actuación judicial en Santo Tomé. No sólo por parte de De Biase, sino también de otra jueza, Graciela Beatriz Duarte, destituida en abril por las mismas razones: había dado siete mil amparos a gendarmes de toda la Argentina.

El mecanismo era el siguiente:

- Un solo estudio de abogados, del matrimonio Amílcar Serial y Josefa Milán, presentaba amparos al juzgado reclamando que a los gendarmes se les pagaran suplementos salariales. Las presentaciones incluían a gendarmes de todo el país. No hay ninguna razón por la que un efectivo presente un amparo fuera de su jurisdicción y menos todavía en un lugar tan poco habitual como Santo Tomé.

- Lo que correspondía era que los jueces de Santo Tomé se declararan incompetentes, porque se trata de magistrados con competencia provincial, y los amparos de este tipo, contra el Estado nacional, debían quedar en manos del juez federal de la jurisdicción. De entrada, De Biase y Duarte no se declaraban incompetentes.

- A una velocidad supersónica, según lo testificado por empleados de los juzgados, concedían los amparos. El cálculo del fiscal César Sotelo es que las cautelares otorgadas por De Biase perjudicaron al Estado nacional en 1500 millones de pesos.

- No bien se concedían los amparos, los magistrados le informaban a la Gendarmería, cuyos jefes procedían a pagar el nuevo sueldo a los gendarmes, en muchos casos con aumentos insólitos. Había mozos que ganaban 20 mil pesos y recién ingresados que percibieron 23 mil por mes.

- Lo insólito es que, una vez otorgados los amparos, los magistrados se declaraban incompetentes. Pero aún más grotesco es que no giraban de inmediato los expedientes a los jueces federales, sino que los cajoneaban durante meses y meses. Mientras, Gendarmería seguía pagando los sueldos beneficiados con las cautelares.

- El periodista Horacio Verbitsky señaló en este diario que el estudio de abogados obtuvo una ganancia cercana a 20 millones de pesos.

- El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, exhibió otros casos en que los estudios de abogados tenían participación de jefes de la Gendarmería y que se quedaban con más del 50 por ciento del aumento que conseguían los efectivos a través de estas presentaciones.

Con todos estos elementos, el presidente del jury, Alejandro Chaín, y el resto de los integrantes, votaron la destitución. La única que votó a favor del magistrado fue la diputada Nora Nazar de Romero Feris.