La Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, presentó ante los tribunales federales de Comodoro Py la denuncia penal para que se investigue si jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial e integrantes del Consejo de la Magistratura cometieron delitos durante el proceso de designación de jueces subrogantes y el bloqueo al concurso para designar nuevos titulares en los juzgados vacantes, tal como había anunciado ayer el ministro de Justicia, Julio Alak. La acusación se inscribe en el marco del conflicto alrededor de las acciones judiciales interpuestas por el Grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo solicitó a la Corte Suprema de Justicia que interviniera en el asunto, sin embargo fuentes del máximo tribunal aseguraron que evitarán mediar en el conflicto del Consejo, aunque sí podrían pronunciarse acerca del sistema de subrogancias aplicado por la Cámara en caso de encontrarlo contrario a la ley.

“Se denuncia la existencia de una maniobra que apunta a distorsionar el proceso debido de asignación de jueces en un tema tan sensible como es la ley de medios. Esa maniobra, creemos, tiene varios engranajes, tanto en el Consejo como en la Cámara”, explicaron a Página/12 desde el Ministerio de Justicia. La acusación alcanza a los cinco consejeros que se niegan a aprobar el concurso de designación de nuevos magistrados en los juzgados vacantes: los radicales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla, los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky y el juez Ricardo Recondo. Y a los camaristas que decidieron el sistema para elegir al subrogante que se ocuparía del caso que evalúa la constitucionalidad del artículo 161 de la LSCA, por considerar que el método permitió digitar el proceso. El texto de la denuncia lleva la firma del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y por sorteo, la causa recayó en manos del flamante juez Luis Rodríguez, quien el viernes pasado juró como magistrado federal. El fiscal que interviene es Gerardo Di Masi.

Una no, la otra quizás

La Corte Suprema no va a intervenir para desbloquear el conflicto en el Consejo de la Magistratura porque interpreta que no está facultada para hacerlo. Así surge de lo que analizaron los jueces supremos en su reunión plenaria de ayer, en respuesta al planteo que presentó el Gobierno pidiéndole su intervención. La postura del tribunal es que el Consejo es autónomo y tiene que conseguir dialogar internamente para sacar el concurso adelante. En la presidencia de la Corte deslizan un reproche: dicen que, si hay “gravedad institucional”, tal como plantea la denuncia del jefe de Gabinete, entonces deberían dictar una nueva ley que reforme la composición del Consejo (la actual data de 2006 y fue resistida por el máximo tribunal) y, que, como en los viejos tiempos, pongan al frente del cuerpo a un juez supremo.

De todas formas, a la vez que en la Corte niegan que vayan a protagonizar una mediación para encontrar una salida, los miembros del Tribunal recibieron el lunes a los jueces que forman parte del Consejo. En la presidencia de la Corte aseguraban que era porque ellos hacía tiempo venían pidiendo una audiencia. Pero la realidad es que los tres consejeros (Ricardo Recondo, Mario Fera y Alejandro Sánchez Freytes) fueron convocados en medio del conflicto por el propio Lorenzetti. El escenario que pintaron en esa reunión es de parálisis total: mientras que el oficialismo no junta los dos tercios de los votos para aprobar una lista de candidatos a jueces, el bloque de los cinco miembros afines al radicalismo no cede ni acepta las propuestas kirchneristas para desatar el nudo y romper la parálisis.

Lo que sí acordaron hacer los jueces de la Corte es analizar el planteo del Poder Ejecutivo que cuestiona el sistema rotativo de subrogancias que viene utilizando la Cámara en lo Civil y Comercial, por el cual los jueces a cargo de cada juzgado cambian todas las semanas. Lo que hay que determinar en este caso, dicen en la Corte, es si este método viola la ley que establece las reglas para las subrogancias. La Corte les ha delegado a las cámaras la superintendencia para cubrir vacantes, pero tienen que hacerlo según “los criterios de la ley”. La Corte ya se ha expedido en casos en que consideró que hubo nombramientos ilegales o irregulares de subrogantes y además sus miembros no están de acuerdo con el sistema rotativo, porque implica que hay un cambio de mirada y de criterios todas las semanas para una misma causa.

De todas formas, los supremos no ocultan su descontento con la actuación del gobierno nacional respecto de algunos aspectos de la política judicial. Según hicieron trascender, la Corte le envió tres oficios a la presidenta Cristina Kirchner manifestando esta situación: están alarmados porque hay un record de vacantes cercana al 30 por ciento en el Poder Judicial. En la última notificación llegan a hablar incluso de “denegación por justicia”.