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El bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano no sólo se mantiene vigente en todas sus partes, sino que se ha recrudecido durante la actual administración estadounidense. La política de agresiones, hostilidad y amenazas contra Cuba que sucesivas administraciones de ese país han ejecutado a lo largo de más de cincuenta años encuentra en el bloqueo el ejercicio más cruel, despiadado y prolongado del que se tenga conocimiento.

Iniciado desde el triunfo mismo de la Revolución Cubana en 1959, a lo largo de los años el bloqueo ha sido institucionalizado y profundizado cada vez más mediante la aprobación de proclamas presidenciales y medidas legislativas que lo han hecho progresivamente más férreo y abarcador. En febrero de 1962, el presidente Kennedy decretó la Proclama Presidencial 3447 que impuso formalmente el bloqueo sobre el comercio entre Estados Unidos y Cuba. Las leyes Torricelli y Helms Burton son nuevos engendros vigentes que datan de 1992 y 1996, respectivamente, y que ampliaron y codificaron la compleja madeja de leyes que lo integran.

Concebido, según documentos del gobierno de los Estados Unidos, para “causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”, el bloqueo califica, por su propio y deleznable objetivo, como un acto de genocidio, según definición de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la ONU en 1948, y como un acto de guerra económica de conformidad con la Declaración Relativa al Derecho de la Guerra Marítima adoptada por la Conferencia Naval de Londres de 1909.

Desde 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas ha condenado la política de bloqueo en veinte ocasiones, cada vez con mayor apoyo hasta convertirse de manera reiterada en las últimas asambleas en el reclamo de 187 naciones con el solitario voto en contra de los gobiernos de EE.UU. y de Israel. Para descrédito de las autoridades estadounidenses, sólo asistidas por la soberbia, el odio y la frustración, el desconocimiento de las veinte resoluciones de Naciones Unidas se ha convertido en una de las mayores violaciones de la voluntad del máximo órgano internacional, provocando su aislamiento y desprestigio.

Cálculos conservadores fijan el daño ocasionado a Cuba por el bloqueo en más de un billón de dólares estadounidenses. Indigna de esta política el perjuicio que causa a pacientes cubanos, menores de edad incluidos, impedidos de utilizar los medicamentos necesarios para sus dolencias por proceder de compañías estadounidenses. Es una política criminal, además de obsoleta e ilegal.

El próximo 13 de noviembre la Asamblea General de Naciones Unidas se pronunciará una vez más sobre el tema. En las sesiones de apertura del actual 67º período de sesiones del máximo organismo internacional, casi cuarenta jefes de delegaciones de otros tantos países, incluidos varios jefes de Estado, condenaron en sus intervenciones la política de bloqueo, anticipando lo que ocurrirá el próximo noviembre: su condena por vigésimoprimera ocasión.

* Embajador de Cuba en la Argentina.