Dos pedidos de informes al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema –respectivamente– más un exhorto dirigido a Estados Unidos fueron las primeras medidas ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello en la investigación que apunta a dilucidar si el camarista del fuero Civil y Comercial Francisco de las Carreras recibió alguna clase de dádiva o soborno en relación con su intervención en la causa sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Gobierno había denunciado que el magistrado viajó a Miami, a una cumbre sobre libertad de expresión y propiedad intelectual, con gastos pagos por una organización que vinculó con el Grupo Clarín, que batalla en tribunales por quedar eximido de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión.

El Consejo, donde tramita una investigación no sólo contra De las Carreras sino contra otros camaristas del mismo tribunal por distintas maniobras en el caso Clarín, tendrá que informar en qué consisten esas actuaciones y qué pruebas fueron recopiladas. La Corte deberá confirmar si le dio licencia al magistrado para asistir al congreso en Miami y por cuántos días. Según la denuncia del Gobierno, el alto tribunal le concedió tres días con goce de haberes, pero De las Carreras se quedó quince. El exhorto que saldrá camino a Estados Unidos, y que podría demorar la causa, apunta a confirmar si el juez se hospedó con su esposa en el hotel cinco estrellas The Baltimore y conocer quién pagó su estadía y los gastos.

De las Carreras integra la Cámara en lo Civil y Comercial Federal desde 1995. Pertenece a la Sala I, que interviene en el expediente de la ley de medios. Junto con la jueza María Susana Najurieta, falló en dos ocasiones a favor del Grupo Clarín: el 13 de mayo de 2010 confirmó la medida cautelar dictada por el ex juez Edmundo Carbone, que eximió al multimedio de la obligación de dejar licencias para adecuarse a la norma. El año pasado, como la Corte dijo que esa medida no debía durar (o sería una sentencia anticipada), la Cámara la limitó a 36 meses, plazo que los jueces supremos acortaron más y expira el 7 de diciembre. La misma Sala I debería resolver el pedido del Grupo Clarín para ampliar la medida cautelar. De las Carreras fue recusado.

En un descargo que presentó ante sus pares, el camarista confirmó que viajó a Miami a la III Cumbre de Propiedad Intelectual, pero dijo que no es cierto que le haya pagado Clarín. Dijo que fue invitado con los gastos pagos por el Centro de Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Certal) y por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM). Para mostrarlo, adjuntó a su presentación los pasajes de COPA y las reservas. Señaló que sus gastos los pagó con su tarjeta. Y afirmó, además, que al evento asistieron muchos jueces de distintos fueros y de varios países.

La denuncia del Gobierno –que presentaron la Jefatura de Gabinete y la Procuración del Tesoro– advertía que Certal, con la fachada de “asociación sin fines de lucro” “desarrolla una deliberada estrategia de presión sobre gobiernos, dirigentes, jueces y opinión pública en general con el propósito de mantener el privilegio de los grupos monopólicos que la financian”. Como uno de sus sostenes señalaba a la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa), que tiene como uno de sus principales asociados a la empresa del Grupo Clarín Artear SA. Todo esto sin contar que Cablevisión figuraba como auspiciante de la cumbre. “La invitación, supuesto acontecimiento académico, no fue otra cosa que el otorgamiento de un beneficio para el magistrado De las Carreras, tanto por lo hasta aquí realizado por su actividad jurisdiccional como por lo que en lo inmediato debería hacer, en el marco de su competencia en la causa ‘grupo Clarín y otros s/medidas cautelares’.”

La semana pasada, cuando impulsó la apertura de la investigación, el fiscal Eduardo Taiano planteó la hipótesis más grave para De las Carreras, que señala la invitación a Miami como posible “cohecho”, que el Código Penal castiga con cuatro a doce años de prisión e inhabilitación absoluta cuando un juez o fiscal recibe dinero, dádivas o aceptas promesas para resolver o fallar de una determinada manera. Es más que una simple dádiva, que prevé de un mes a dos años de prisión, cuando el funcionario recibe algo en virtud del cargo que ocupa. Las medidas ordenadas por Casanello apuntan a establecer cuánto tuvo que ver el Grupo Clarín con el viaje de De las Carreras al congreso en Miami.