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Poco antes de que perdiera estado parlamentario, el Senado modificó y remitió a Diputados el proyecto del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que según anticipó el titular del bloque oficialista, Miguel Pichetto, se buscará convertir en ley antes del cierre de las sesiones ordinarias. La iniciativa apunta a regular y controlar los abusos en todas las instituciones de detención donde se encuentren personas privadas de su libertad. Fue aprobada por unanimidad aunque desde la oposición se cuestionaron las reformas introducidas en el Senado, vinculadas con una mayor injerencia política en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. “Estamos recuperando la vanguardia de la historia de nuestro país. Pensábamos que con la vuelta de la democracia en el ’83 estos procedimientos iban a desaparecer, pero sabemos que aún hoy en muchas instituciones sigue existiendo este tipo de maltratos y torturas”, sostuvo el senador kirchnerista Daniel Filmus.

Gracias al reclamo de organismos de derechos humanos que vienen denunciando la situación en las cárceles de todo el país y la insistencia de dirigentes de distintos partidos, el Senado finalmente trató el proyecto aprobado por unanimidad en Diputados. En el recinto se debatieron las modificaciones en ocho artículos, vinculados centralmente a la composición, autoridades, mandato, incompatibilidades y criterios de selección del Comité. “Para nosotros las modificaciones del proyecto no terminaron de alterar un proyecto que es muy bueno”, señaló a Página/12, Paula Litvachky, directora del Area de Justicia y Seguridad del CELS.

“La modificación no es del todo buena. De siete miembros que tenía, donde estaba la representación de las organizaciones no gubernamentales se aumenta con seis miembros del Parlamento”, sostuvo la peronista salteña Sonia Escudero. “Vamos a acompañar en general, pero no estamos de acuerdo con las modificaciones. Todas tienden a destruir el equilibrio en la composición del Comité”, insistió el titular del bloque radical, Luis Naidenoff, quien criticó especialmente la incorporación de la Secretaría de Derechos Humanos a ese cuerpo. Desde el oficialismo, Pichetto aclaró que no serán legisladores sino que las distintas fuerzas parlamentarias elegirán representantes (dos por la mayoría y uno por la minoría de cada Cámara). Además, señaló que las modificaciones fueron realizadas de manera consensuada con los organismos de derechos humanos.

“Con la ley antitortura estamos saldando una deuda muy importante que tenía nuestra democracia”, sostuvo el radical Eugenio “Nito” Artaza, uno de los mayores impulsores del tratamiento de la iniciativa en el Senado.