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“Como máximo responsable en la sanción y promulgación de ambas leyes no me sentiré desautorizado ni agraviado. La democracia está definitivamente consolidada.” Con estas palabras, el ex presidente Raúl Alfonsín aceptó por primera vez la posibilidad de que se declaren inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hasta ahora había defendido públicamente.
Ayer, Página/12 informó que el ex presidente venía hablando en la intimidad de la posibilidad de que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de las leyes que consagraron la impunidad de los militares acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
Las palabras de Alfonsín, repetidas en privado ante sus amigos, implican un giro de 180 grados en su posición histórica, basada hasta entonces en la defensa de las leyes, para la cual solía utilizar los mismos argumentos esgrimidos a la hora de sancionarlas: el riesgo sobre el sistema democrático. Como este diario informó el jueves, si Alfonsín transformaba su pensamiento íntimo en un mensaje, estaría avalando políticamente la posibilidad de que la Corte o el Congreso declaren la nulidad de ambas normas.
Y esto es justamente lo que hizo ayer. A través de una carta, Alfonsín sostuvo que “el análisis de la validez o nulidad de estas dos leyes debe hacerse hoy al margen de una puja o conflicto de poderes y resolverse conforme a la íntima convicción de los máximos responsables de los poderes de la República. Resulta fundamental que los tres poderes actúen dentro del ámbito que la Constitución Nacional les atribuye, sin avanzar sobre las competencias de los demás, resguardando el respeto recíproco que se deben y ajustando sus actos estrictamente a la ley”.
Alfonsín continuó. “En nuestro país, resolver esta cuestión está en manos de los jueces, quienes deberán analizar estos problemas, a la luz de nuestras propias reglas constitucionales y de los compromisos internacionales que ha asumido el país.”
El gesto del ex presidente tiene un sentido claro. Implica admitir, por primera vez, que la anulación de las leyes –y la consiguiente reactivación de los procesos judiciales frenados– no generaría un riesgo para la democracia.
Aunque no avaló directamente la anulación de las dos normas, anticipó que no se opondrá si la Corte se decide a declarar la inconstitucionalidad. Hasta ahora, sin embargo, el máximo tribunal parece más cerca de avalar las leyes que de anularlas. En ese caso, el Congreso tendría la oportunidad de declarar su nulidad, algo que, por el momento, también parece difícil que suceda.
“Hay ahora un presidente nuevo, que transmite su convicción sobre la consolidación del sistema democrático. Según ha dicho, estas leyes no deberían existir, y entonces tal vez impulse la declaración de nulidad de las mismas para borrar los efectos derivados de dichas leyes. Si el Presidente tiene voluntad y decisión, y está convencido de que las leyes son nulas, debería actuar de acuerdo con sus convicciones. Hoy es su responsabilidad y lo respaldaré si hace una cosa u otra. La democracia argentina está consolidada. Quizá sea el último anclaje con un pasado que debemos romper”, sostuvo Alfonsín.
“El Presidente podría estar completando algo que muchos argentinos deseábamos pero, como en mi caso, considerábamos inviable si a la vez queríamos resguardar la libertad y la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas”, señaló el ex presidente, en el mismo tono de reivindicación histórica que le imprimió al último párrafo de su carta.
“Todas las naciones modernas europeas se han construido a partir de amnistías tan amplias que comprendieron, en su momento, a nazis, fascistas, franquistas, colaboracionistas. En América del Sur, casi todas las transiciones se efectuaron con alguna forma de pacto con los dictadores. No las critico, pero afirmo que en la Argentina no sucedió eso. Se actuó de una manera que no reconoce antecedentes históricos, en la búsqueda de penalizar las violaciones anteriores, y así fue como se hizo”, concluyó Alfonsín.