A casi 30 días de los saqueos, el Frente Grande presentó finalmente ayer el pedido de revocatoria del intendente de Bariloche, Omar Goye. El proyecto, impulsado por el partido del gobernador, Alberto Weretilneck, cuenta con el aval del peronismo que conduce el senador Miguel Pichetto y de otros bloques minoritarios. Hoy por la mañana está previsto su tratamiento en una sesión extraordinaria, que según fuentes oficiales superará los ocho votos necesarios y podría suspender en el cargo a Goye, hasta tanto se defina su suerte en un referéndum popular. Mientras dure el proceso, quedará al frente del municipio María Eugenia Martini, concejal del FpV. En respuesta, Goye presentó un pedido para revocar el mandato de siete concejales, que ya se habían pronunciado a favor de su desplazamiento. “La revocatoria se definirá en las próximas horas, habrá una ordenanza y luego un referéndum popular. Mientras tanto el gobierno provincial seguirá presente en Bariloche”, explicó ayer Weretilneck, luego de un acto.

La crisis institucional y política que atraviesa una de las principales ciudades turísticas del país comenzó ayer su desenlace. Los tres concejales del Frente Grande –Carlos Valeri, Alfredo Martín y Diego Benítez– formalizaron el pedido de revocatoria, fundado en “ineptitud” y numerosas irregularidades vinculadas con los saqueos ocurridos en aquella localidad, que luego se reprodujeron en Santa Fe y Buenos Aires.

Hace unas semanas, Weretilneck y Pichetto mantuvieron un encuentro con Goye en el que le pidieron que diera un paso al costado. El intendente denunció un “golpe institucional” y rechazó cualquier vinculación con la organización de los saqueos a supermercados. Desde entonces, el gobernador aportó públicamente información respecto del pago de 90 mil pesos a la cooperativa 1º de Mayo, en dos cheques, realizado con posterioridad a los incidentes. En paralelo, varios funcionarios fueron abandonando sus cargos, dejando en una situación de debilidad y aislamiento al intendente.

El proyecto, redactado por los concejales del Frente Grande, fue consensuado con otras fuerzas y cuenta con la adhesión de los tres legisladores del Frente para la Victoria –María Eugenia Martini, Alejandro Ramos Mejía y Ramón Chiocconi– y el del Frente Vecinalista por el Cambio –Mauro González–. Esos siete concejales fueron los denunciados por Goye, en un texto firmado por su secretario privado, Oscar Borchichi, y enviado a la Legislatura local. Entre otros argumentos, Goye sostiene que no se cumplió la ley de cupo femenino, ya que las dos concejalas electas renunciaron luego de obtener la banca. Además, cuestiona un supuesto incumplimiento de la plataforma electoral.

Con el consenso alcanzado por la revocatoria del intendente resulta improbable que alguno de los planteos realizados por Goye prosperen en el Concejo Deliberante. La Carta Orgánica señala que el proceso de revocatoria deberá incluir un referéndum popular, que con las firmas de un mínimo del 3 por ciento del padrón (2389 de un total de 79.653, según la última elección de 2011) decidirá si Goye sigue o no en el cargo. “Con el senador Miguel Pichetto teníamos claro que la resolución la tenía el Concejo y finalmente el pueblo. El pueblo lo elige, el pueblo lo saca”, insistió ayer Weretilneck. Se trata de una respuesta frente a la denuncia de “golpe institucional” y las acusaciones a los gobiernos tanto provincial como nacional lanzadas por el intendente.

El proyecto presentado tiene 23 páginas y se funda en artículos de la Carta Orgánica municipal. En el texto se detallan varias causales de revocatoria, entre las cuales se señala “ineptitud” en recurrentes ausencias por viaje, “irregularidades en el desempeño de funciones” en la disposición de fondos y “negligencia” en el manejo de recursos propios del municipio. También cita “irregularidades” en el desempeño de funciones, por la “posible comisión del delito de acción pública”, por pagos a funcionarios, por contrataciones del Estado municipal y “falta de transparencia e ineptitud en la administración del Estado municipal”.

A partir de su aprobación, el intendente tiene un plazo de diez días para contestar las acusaciones y luego seguirá el proceso, que incluye tres días más para transcribir los fundamentos y la contestación en los libros de firmas del municipio, luego treinta días para convocar al referéndum y en los 60 días subsiguientes se realizará la votación. La Carta Orgánica municipal establece que “podrá” suspenderse al intendente, lo cual está previsto en el proyecto del Frente Grande. En su artículo octavo dice: “Se suspende de manera inmediata a Omar Goye en el ejercicio de las funciones de intendente del municipio”, disposición que se extendería “hasta tanto se resuelva el proceso de revocatoria de mandato, sin goce de haberes”.

De ser destituido, se convocará nuevamente a elecciones dentro de los 60 días para elegir un nuevo intendente que completará el mandato inconcluso.