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La arbitraria decisión del gobierno de la provincia de Córdoba de clausurar cuatro antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA), a partir de excusas burocráticas que atentan contra el más elemental sentido común, constituye una muestra de intolerancia y odio, creando un peligroso precedente de censura. No voy a abundar en sus implicancias políticas, legales, sociales y culturales, porque ya lo han hecho de forma más que atinada el titular de la Afsca, Martín Sa-bbatella, la defensora del Público, Cintia Otavianno, así como más de 60 intendentes de Córdoba y los rectores de las universidades cordobesas. Es bueno recordar que cuando la Argentina adoptó en 2009 el estándar japonés-brasileño de televisión digital ISDB-T, además de ser la más conveniente desde el punto de vista tecnológico y la que implicaba un uso más eficiente en la relación entre potencia y cobertura, era la única de carácter abierto con transferencia de tecnología. Esto no sólo nos permite ser de alguna manera dueños del estándar, y sentarnos en la mesa donde se lo administra, sino que también nos da la posibilidad de desarrollar nuestra industria.

Para ello pusimos en marcha una activa política de promoción y desarrollo de las capacidades tecnológicas nacionales, que nos permitieron fabricar en nuestro país decodificadores, antenas, plantas transmisoras y shelters, cada vez con mayor integración local. Curiosamente, una de las provincias donde se instalaron estos clusters fue Córdoba, donde empresas, en su mayoría pymes, como Consulfem, Ditel, Edinec, Lie, Gamma y otras, proveyeron antenas externas, transmisores y torres para montar estaciones. Estos elementos en gran parte se instalaron en las antenas de Leones, Villa María, Villa Dolores y Río Cuarto.

Por lo tanto, se da la paradoja de que la administración provincial no advirtió que con esta medida afecta a su propia industria y pone en peligro su continuidad y desarrollo. Quiero creer que este verdadero castigo a la industria cordobesa fue producto del odio porque ninguna diferencia política puede justificar que se ataque al propio trabajo de los cordobeses, que en todos los casos es de excelencia, tanto por la calidad de sus profesionales y la audacia de sus pequeños empresarios que apostaron desde un principio por la televisión digital.

En relación con lo ambiental cabe recordar que, en sí misma, la migración de la televisión analógica a la digital implica reducir fuertemente el uso del espectro, ya que una cobertura de 10 kilovatios en la analógica requiere en el modo digital un 10 por ciento para iluminar la misma superficie.

En el mundo existen en funcionamiento desde hace 10 años más de 3500 plantas transmisoras de televisión digital de todos los estándares, similares a las que absurdamente silenció la provincia de Córdoba, sin que se haya registrado ningún inconveniente ni denuncia. Por caso, en Japón, donde se desarrolló la norma utilizada en prácticamente todos los países de Sudamérica, con una superficie equivalente al doble de la provincia de Córdoba y una población de 165 millones de habitantes, funcionan desde hace años más de 300 antenas.

En nuestro país, el despliegue de la TDA se realizó como política de Estado, con un sentido federal e inclusivo, para lo cual ya se instalaron 79 antenas en 21 provincias, en las cuales se tramitaron y se obtuvieron todos los permisos necesarios, a excepción de Córdoba, único lugar en el mundo en que para las autoridades locales la información sobre el impacto ambiental resultó insuficiente una vez que se concluyeron las obras. Por eso, resulta muy curioso que desde el gobierno de Córdoba afirmen que la instalación de las antenas los “sorprendió” y que es “otro atropello” del gobierno nacional, como si la construcción de una antena de 80 metros pudiera pasar desapercibida y hacerse entre gallos y medianoche.

Más llamativo es en el caso de Río Cuarto, donde la antena fue levantada con la autorización correspondiente en un predio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), en un terreno que no era un espacio abandonado sino un predio sujeto al control de entradas y salidas. En tanto, en el caso del Cerro Mogote de Córdoba Capital, donde está ubicada otra de las antenas, mal puede reclamarse por el daño ambiental cuando la de TDA funciona al lado de torres muchísimo más potentes de Multicanal o Radio Mitre. Además, basta realizar una breve recorrida por esa ciudad para constatar que las antenas del Canal 12, perteneciente al Grupo Clarín, están en medio de la población, por no mencionar los tendidos aéreos de Cablevisión que atraviesan las ciudades no sólo de Córdoba sino de todo el país, sin ninguna regulación, o el servicio que Fibertel continúa prestando de manera ilegal por cautelares truchas.

Todo esto demuestra que la clausura injustificada de las antenas de la Televisión Digital por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, en una combinación de ignorancia y mala fe, no sólo obedece a la defensa de intereses inconfesables, para lo que no importa cercenar el derecho de los ciudadanos de acceder de manera gratuita a más de 20 señales para que no sean rehenes del cable, sino también a un odio que obnubila y le hace despreciar el esfuerzo y el trabajo de los argentinos que viven en Córdoba y creen que vale la pena trabajar para que nuestro país tenga un desarrollo tecnológico autónomo y soberano.

* Ministro de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios.