Martín Sabbatella cuestionó con dureza a José Manuel de la Sota.

“No existen razones ambientales que justifiquen estos actos de censura del gobernador (José) De la Sota. Se trata de un acto de censura y un ataque violento a la libertad de expresión.” Así calificó Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), la decisión del gobernador de Córdoba de clausurar las cinco antenas que habían sido instaladas en la provincia. Para el titular de la Afsca, como para los integrantes de la Coalición para una Comunicación Democrática (CCD), la actitud del mandatario obedece a dos motivos: su abierto rechazo a la ley de SCA y sus pretensiones de ser candidato presidencial. De la Sota y Mauricio Macri –potenciales aliados electorales– son los únicos dos mandatarios que no designaron representantes para ocupar un asiento en el Consejo Federal de la Afsca. El pasado 12 de octubre, Página/12 publicó la argumentación del gobernador para no designar representantes en el Consejo Federal. “Nosotros no tenemos intención de tener ningún canal de televisión del Estado ni radio”, respondió. Pero el Consejo tiene entre sus funciones hacer un seguimiento completo de la ley insistió este diario. “Bueno, seguramente el Gobierno designará un representante”, concluyó.

Hasta el momento se conocía la baja de tres antenas localizadas en Río Cuarto, Leones y Villa María. Sin embargo, en la página web de la gobernación se aclara que también fueron clausuradas las torres ubicadas en Villa Dolores y Malagueño. “Más allá de las inquietudes sobre los aspectos ambientales, las acciones llevadas adelante tienen características desproporcionadas y precipitadas, que se transforman en la realidad en un nuevo obstáculo a la plena aplicación de la ley”, manifestaron los rectores de tres universidades cordobesas. La Universidad Nacional de Río Cuarto tenía todo listo para subir su señal al sistema de TDA, proyecto que quedó trunco.

La TDA permite acceder a una veintena de señales de manera abierta y gratuita. En su incipiente etapa de desarrollo, el Estado planificó el acceso a los sectores más humildes, con la distribución de conversores en distintos puntos del país. En Córdoba ya se habían entregado 107.000 equipos, con un alcance estimado en 500.000 personas. Para muchos, significó su primer acceso a una multiplicidad de canales, antes reservados para quienes podían pagar un abono de cable.

“Estas son acciones violentas y arbitrarias con el objetivo de favorecer a Clarín, sumándose al coro de la estrategia opositora para enfrentar la democratización de la palabra”, agregó Sabbatella a través de un comunicado luego de reunirse con los representantes de las distintas señales de TV digital. En Córdoba, la empresa Cablevisión, que pertenece al Grupo Clarín, cuenta con 379.678 abonados y posee 33 licencias de cable, cuando por ley sólo puede tener 24.

“La democratización de la comunicación se garantiza desmontando los monopolios mediáticos y abriendo espacios a nuevas voces. Es función del Estado, sea éste nacional, provincial o municipal garantizar el derecho humano a la comunicación”, concluyó la CCD.