El canciller Héctor Timerman se reunió anteayer con los líderes de la DAIA y la AMIA.
Imagen: Télam.

El Poder Ejecutivo prepara, para enviar al Congreso entre mañana y los primeros días de la semana próxima, un texto que reflejará el acuerdo firmado entre Argentina e Irán para indagar a los sospechosos iraníes en Teherán y un documento explicativo detallado. La intención es que las comisiones empiecen a trabajar en la proyección de la ley requerida para la implementación del convenio sin esperar el inicio de las sesiones ordinarias. Es probable que haya una convocatoria a extraordinarias, necesaria incluso para la aprobación de un dictamen de comisión. El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni avaló el procedimiento pactado, que intenta avanzar en la investigación penal del atentado a la AMIA, al referirse a algunos de los cuestionamientos planteados en los últimos días. “El país no cede soberanía”, remarcó. El canciller Héctor Timerman ratificó que el ministro de Defensa Ahmad Vahidi estará entre los cinco hombres indagados en Teherán, no goza de fueros, y lo interrogarán el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, y el fiscal Alberto Nisman. Aclaró, además, que no hubo terceros países en la negociación: “Ni Siria ni Venezuela ni Israel ni Estados Unidos. Fue un diálogo directo entre el canciller iraní Alí Akbar Salehi y yo”.

Según Zaffaroni, el acuerdo con Irán no viola la Constitución. “No veo ningún inconveniente en tomar una indagatoria fuera del territorio. Si se puede llegar a ese acuerdo no sería inconstitucional, no estamos cediendo soberanía”, afirmó. El juez supremo, en cambio, cuestionó que la comisión que actuaría como garante del proceso a implementarse se denomine Comisión de la Verdad. “Las comisiones de la verdad que se han aplicado en el mundo han sido para no aplicar sentencias”, advirtió. Se han creado, explicó, para contradecir resoluciones judiciales o llenar vacíos legales. Sería conveniente, opinó, que se la denominara “comisión asesora”. Canicoba Corral, por su parte, le dijo el martes a Página/12 que no veía objeciones en que las indagatorias se tomen en Irán, siempre que el Congreso Nacional, como exige el acuerdo, dé el visto bueno. Recordó que hay antecedentes de interrogatorios realizados en otros países, aunque por lo general en embajadas. Para el juez, la comisión podría hacer recomendaciones, pero no actuar como una Cámara que revisa fallos o las decisiones judiciales.

Timerman dijo ayer que tiene las expectativas puestas en “que el Congreso apruebe el acuerdo con Irán”. Todo indica que en los próximos días el Gobierno ya enviará un texto completo al Congreso, con el acuerdo y su explicación. Lo habitual es que los acuerdos internacionales ingresen por el Senado, aunque todavía no está definido cuál será la puerta de entrada. Y el plan que por ahora tienen en mente en el oficialismo es que se empiece a discutir un dictamen de aprobación en las comisiones de Relaciones Exteriores y tal vez también de Justicia. Para que haya dictamen de comisión, debe haber una convocatoria a sesiones extraordinarias, que no está descartada. El Parlamento no está facultado para modificar los convenios entre países, sólo puede aprobarlo o rechazarlo. Por lo pronto, en las comisiones de ambas Cámaras el Frente para la Victoria tiene la mayoría necesaria, incluidos algunos aliados, para conseguir un dictamen.

Las posibilidades de que prospere el proceso que se intenta poner en marcha todavía son dudosas. No sólo el Congreso argentino tiene que dar su aprobación, según el acuerdo, sino también el iraní, donde no está asegurada. Allí el Parlamento está dividido en tres corrientes y es factible que los religiosos ejerzan una oposición fuerte.

“Estamos tratando de buscar cómo avanzar en la causa AMIA y hemos hecho un avance significativo donde, por primera vez, sospechosos iraníes, con pedido de captura, van a estar sentados frente a un juez y un fiscal argentinos”, sostuvo Timerman al hablar por radio. Tanto para el canciller como para los familiares, el acuerdo en el que se intenta avanzar implica romper una traba instalada desde hace dieciocho años. Irán siempre negó toda relación con el ataque terrorista y nunca admitió que sus funcionarios declaren. La Justicia argentina no pudo avanzar. El titular de la Cancillería a su vez convocó ayer a la embajadora de Israel, Dorit Shavit, y le transmitió ayer la “sorpresa y la molestia” que generó en el gobierno argentino el pedido de explicaciones del israelí. “Se trata de un acto soberano de Argentina que no involucra al Estado de Israel”, señaló el ministerio.

Desde la AMIA, buscaron bajar el tono de las críticas iniciales al llamado “Memorandum de Entendimiento” entre Argentina e Irán, con un comunicado que aclara algunas de las cuestiones conversadas por dirigentes de la comunidad judía y familiares en la reunión de anteayer con Timerman, señaladas por este diario en su edición de ayer. La AMIA dice que es lo que le pidieron al canciller que acuerde con Irán. En la Cancillería ya las dan por consensuadas. Una es que el juez Canicoba Corral y el fiscal Nisman les tomarán indagatoria a los imputados por el atentado a la AMIA que están “requeridos con circular roja de Interpol” y que será según el Código Procesal argentino; que no habría riesgo de que pierdan vigencia esas circulares; que la comisión de juristas es sólo veedora y asesora de ambos poderes ejecutivos y que sus dictámenes y observaciones no son vinculantes en la causa penal; que la comisión tiene que ser creada a más tardar sesenta días después de la aprobación del Congreso.

Los dirigentes comunitarios, a partir de las conversaciones con la Cancillería, sufren la presión de dirigentes políticos opositores, como la que ejerce el macrismo a través del rabino Sergio Bergman, con el fin de frenar los avances hacia las indagatorias. En su página web, Bergman escribió: “Luego de las negociaciones secretas y reservadas, nos enteramos de un hecho consumado. Vienen por la causa AMIA. Han decidido cerrarla por dilación y por obstrucción a la Justicia, sustituyéndola por una comisión”. Desde el GEN, el diputado Gerardo Milman advirtió que descree de que el presidente iraní “exponga ante la Justicia a uno de sus funcionarios”. Timerman, en contraposición, afirmó que el ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, tendrá que “estar presente cuando el juez y el fiscal los interroguen, y va a estar”.

Además de Vahidi, deberían ser indagados el actual candidato presidencial Mohsen Rezzai, el ex ministro de Información, Ali Falahia, el ex agregado cultural de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani y el ex tercer secretario de la embajada de Irán en la Argentina Ahmad Asghari. Los dos hombres que quedaron excluidos del alerta rojo de Interpol, porque tenían cargos en el Ejecutivo al momento del atentado, y que por ende no serán indagados, son el candidato presidencial Ali Velayatti y el entonces presidente Ali Rafsanjani. Todos esos personajes participaron en una reunión de máximo nivel en 1993, en la que opositores iraníes dicen que se decidió el atentado.