Finalizada la serie de encuentros paritarios entre el gobierno nacional y los gremios docentes, el Ministerio de Educación estableció un aumento del 22 por ciento que lleva el salario mínimo a 3416 pesos, a implementarse en tres tramos a lo largo del año. Los sindicatos rechazaron la oferta, firmaron en disidencia y discutirán medidas a seguir que podrían poner en peligro el comienzo del ciclo lectivo. El ministro Alberto Sileoni destacó el “esfuerzo” hecho para consolidar la propuesta y remarcó que “el objetivo de esta paritaria es ser superada por cada discusión provincial”, lo que no habrían comprendido desde los gremios. “Exhortamos al Gobierno a buscar algún canal de diálogo más que pueda acercar la negociación a un punto de consenso”, lanzó el dirigente de Ctera Roberto Baradel apostando por un nuevo acuerdo.

El salario adjudicado al “cargo testigo” del ámbito educativo –actualmente en 2800 pesos– pasará a partir de marzo a 3248 pesos, luego se incrementará en septiembre a 3332 pesos, y alcanzará en diciembre los 3416 pesos, representando un aumento total del 22 por ciento. Además se mantendrá el Fondo Nacional de Incentivo que ofrece un adicional de 255 pesos por cargo, y el Programa de Compensación Salarial que ayuda a las provincias que no pueden cumplir con los sueldos. Esta fue la propuesta oficial final del Ministerio de Educación, la cual Ctera, UDA, CEA, AMET y Sadop no aceptaron. Sileoni detalló a Página/12 cómo se arribó a este cierre. “Arrancamos con el 17 por ciento y llegamos al 22, que es nuestra mejor posibilidad”, comentó y explicó que los sindicatos “no terminaron de entender la paritaria, cuyo objetivo es fijar el salario del cargo testigo; un mínimo cobrado por una proporción menor de un 8 por ciento”. Sostuvo que el Gobierno enfocó la discusión con una mirada triple: “Tenemos en cuenta las posibilidades del gobierno nacional, las demandas salariales y las capacidades provinciales”. “La paritaria nacional tiene como destino ser mejorada por las provinciales –concluyó– y ahora quedan nueve días para que las provincias cierren sus negociaciones.”

La aulas de todo el país abrirán sus puertas el lunes 25, pero los gremios están disconformes con lo resuelto, y la semana que viene realizarán sus respectivos congresos para definir “acciones concretas a seguir”. El ceterista Baradel señaló que “la paritaria debe buscar un acuerdo entre las partes”, pero que “con los valores que planteó el Gobierno” no pueden aceptar. Opinó que el acuerdo alcanzado es “una decisión unilateral” del ministerio, al cual exhortan “a buscar algún canal de diálogo más que pueda acercar la negociación a un punto de consenso”. Alertó que el 23 de febrero convocarán al congreso nacional de Ctera para “decidir qué medida tomar”.

El titular de la UDA, Sergio Romero, lamentó que “por segunda vez consecutiva naufrague la paritaria docente” y señaló que “los gremios no se hacen cargo de esta situación”. Comentó que dejaron “constancia en el acta” de que no renuncian “a la búsqueda de una nueva instancia de diálogo ya que no hay una gran diferencia” entre lo que pretendíamos y lo que les ofrecieron. Romero, quien es además secretario de Políticas Educativas de la CGT que conduce Antonio Caló, advirtió: “Va a haber una reacción gremial conjunta de los cuatro gremios de la CGT (UDA, CEA, AMET, Sadop), y vamos a tomar las medidas que sean necesarias contra esta postura del Gobierno”. El secretario general de Sadop, Mario Almirón, coincidió en el deseo de “seguir negociando para intentar llegar a un acuerdo”. “Había tiempo, pero deciden unilateralmente como en el 2012, y es un enorme retroceso político el que hoy vivimos”, expresó, y analizó que “lo que se ofreció en concreto es absolutamente insuficiente: un 16 por ciento en marzo no se condice con la AFIP anunciando una recaudación record”.

Informe: Juan Manuel Frías.