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Al igual que el atentado, las tramas de encubrimiento y complicidad en el caso AMIA nunca fueron develadas. Quizás en esos trasfondos haya más explicaciones a tanta incertidumbre sobre un hecho tan ominoso. Un atentado tremendo, que implicó la adquisición y el acopio de gran cantidad de explosivo, más inteligencia, más infraestructura, lo que implica la participación de numerosas personas, y nadie sabe nada. Y después, la trama del encubrimiento. El ocultamiento o la alteración de pruebas y la forma en que se desperdiciaron los primeros momentos posteriores al atentado también tienen sus propios significados. No fue un atentado más. En el caso AMIA se conjugaron factores ocultos, que se sumaron a la lógica pura del terrorismo. Y si además faltaba algo, con el tiempo, la investigación del atentado quedó en el centro del conflicto más inflamable del planeta.

Con mucho respaldo político, la investigación del fiscal Alberto Nisman se introdujo en esa jungla llena de trampas e intereses, y obtuvo resultados que llevaron a una fuerte controversia del gobierno argentino con el de Irán. Este proceso configuró una política que se fue desarrollando durante los gobiernos kirchneristas y durante varios años, casi desde el principio del gobierno de Néstor Kirchner. Después de los desastres del menemismo, ni los integrantes de la Alianza ni el duhaldismo habían mostrado decisión o interés para meterse en ese embrollo.

Pero la investigación se estancó en 2007. El conflicto con Irán es por la investigación que respaldó este gobierno y no los anteriores. Y lo que importa, en todo caso, no es el conflicto con Irán (que es una consecuencia), sino la investigación del atentado (que es la causa). Tras haber logrado un impulso inicial, la causa quedó bloqueada por varios años. El paso que faltaba era llegar a los sospechosos iraníes.

Es probable que el interrogatorio a los iraníes sospechados por el atentado a la AMIA no vaya a dilucidar la trama que llevó al bombazo, y seguramente lo primero que harán los interrogados será declarar su inocencia. También es lo que han hecho casi en su totalidad los represores argentinos cuando fueron juzgados. Aun así, esos interrogatorios son tan necesarios para el trámite de la causa como los que se realizaron a los acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Otro conflicto se abrió –ahora con el gobierno derechista israelí–, cuando el gobierno argentino buscó la vía diplomática para desbloquear la causa y poder interrogar a los sospechosos del atentado. El gobierno local quedó así ensanguchado entre el gobierno conservador integrista de Irán y el gobierno conservador integrista de Israel. Irán dice que la voladura de la AMIA fue un autoatentado israelí, e Israel sólo quiere argumentos para su contienda con Irán, con el agravante de que todo el planeta asiste a una escalada cada vez más peligrosa, al borde de una conflagración militar. La Argentina, que está más involucrada en procesos de integración pacífica con países que en décadas pasadas eran vistos como enemigos potenciales, no puede tener ningún interés en algún conflicto bélico aquí ni en ninguna otra parte. En todo caso, su aporte tiene que ser por la paz. Entre la guerra y la paz, la paz no es el “lado” equivocado, como han dicho algunos. Seguramente hay una gran cantidad de iraníes y de israelíes a favor de la paz.

En este contexto, la causa judicial por los atentados en la AMIA, por un lado, y el debate geopolítico, por el otro, tienen que ser debates separados, aunque tengan tantos puntos de contacto. Y van por separado, porque el debate geopolítico debilita la causa judicial. El objetivo es que se esclarezca el atentado y que sus responsables sean castigados por la Justicia. Lo que quieran el gobierno iraní o el de Israel, y hasta incluso la posición que asuma en ese conflicto el gobierno argentino, va por otro carril.

Para desbloquear la causa se necesita interrogar a los sospechosos por el atentado, no por lo que piensan o por el país al que pertenecen sino por lo que están acusados de haber hecho. Se busca a personas que cometieron un delito y no a personas que profesan determinada religión o son ciudadanos de determinado país. Si Irán quiere destruir a Israel, o viceversa, es una discusión importante, pero que no define la causa judicial por el atentado contra la AMIA.

Mantener la causa bloqueada, como sucedería sin el acuerdo con Irán para interrogar a estos sospechosos, la hubiera llevado a un limbo por tiempo indeterminado, una zona que derivaría finalmente en una condena genérica, básicamente política. Habría una condena a Irán que serviría para alimentar el conflicto, pero la causa moriría de inanición.

Se han dicho disparates como que este acuerdo proviene de una negociación impulsada hace más de dos años por Hugo Chávez, a través del presidente sirio, Hafez al Assad, con el gobierno argentino.

Es un escenario desaforado, típico de servicios de inteligencia de otras épocas. Pero es cierto que la Cancillería argentina trató, que la causa judicial por el atentado a la AMIA no terminara en el centro de la disputa que mantienen Estados Unidos e Israel con Irán. Tras presentar año tras año duras acusaciones contra los iraníes en los foros internacionales, el llamado del gobierno argentino a buscar vías diplomáticas para destrabar la causa constituyó también un gesto para diferenciar sus planteos de los cruces por el conflicto global con Irán en una escalada con final tan previsible como desastroso. El gobierno iraní está en una encrucijada de tensión máxima con las grandes potencias occidentales y muy aislado. En ese marco sería equivocado considerar el acuerdo como una alegre e indolora concesión a los reclamos argentinos, porque Irán necesita descomprimir sus relaciones exteriores y la Argentina juega un rol importante en el proceso político latinoamericano. La intención de relacionar a Hugo Chávez con este tema tiene las mismas connotaciones reaccionarias del viejo macartismo que usaba suposiciones y chismografías.

El eje es esencialmente judicial y no geopolítico. Desde la oposición al acuerdo con Irán se plantea que éste constituye un cambio de la estrategia de alianzas geopolíticas. Para los que piensan así, antes de este acuerdo, la Argentina jugaba del lado que busca una salida violenta a los diferendos con Irán. Y, de repente, con el acuerdo por los interrogatorios a los sospechosos del atentado contra la AMIA, el gobierno argentino se habría pasado del otro lado, o sea del bando iraní, junto con Chávez o Hafez al Assad. De tan elemental, esa mirada resulta pueril. Primero porque la Argentina ha mantenido una posición muy clara con respecto a la paz, tanto en relación con conflictos que le afectan directamente, como Malvinas, como con otros más lejanos, como el de Medio Oriente. La Argentina nunca jugó por la guerra contra Irán. Es una equivocación pensar que Néstor Kirchner confrontaba duramente a los iraníes en la ONU para agradar al gobierno de los Estados Unidos. Conociendo su carácter es más probable que fuera al revés, que tratara de utilizar la situación internacional como forma de presión para lograr que el gobierno iraní arrojara algo de luz sobre la causa judicial.

La sugerencia de que el acuerdo con Irán proviene de un supuesto realineamiento internacional se pudo leer entre líneas en todos los discursos contrarios al acuerdo. Las dudas legítimas sobre los alcances que podría tener, aun en las peores circunstancias, fueron todas respondidas sin dejar ninguna duda. En ese aspecto, el debate de seis horas en el Senado fue interesante por las preguntas y por las respuestas. El mismo Luis Moreno Ocampo dijo que se trataba de una “oportunidad con riesgos sobre los que habría que estar atentos”. Es un balance sensato. La insistencia en el rechazo altisonante sugería que la preocupación se centraba en ese supuesto cambio de estrategia.

Y a los que piensan que la Argentina cambió de bando, en realidad no les interesa tanto la causa judicial. No les interesó antes en la medida en que creían que la causa era una mera herramienta para usarla a favor de la guerra. Y ahora están enojados porque si el eje se mantiene en lo judicial, la causa no puede ser usada por los que buscan la guerra. Es decir, no les interesa la causa judicial sino la forma en que ésta tendría que ser usada.