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A las 9 en punto de la mañana de ayer, todo estaba listo en la Sala AMIA de Comodoro Py para que el Tribunal Oral en lo Criminal número 21 de la Ciudad de Buenos Aires diera comienzo a la audiencia inaugural de los alegatos en el juicio por la muerte de Mariano Ferreyra y las heridas graves ocasionadas a otros tres militantes, hace poco más de dos años. Expectantes por igual, el público que rebasó la sala y las partes participantes del debate aguardaron la señal de inicio del presidente del TOC 21, Horacio Días, que llegó al cabo de una hora y para suspender la jornada. Los magistrados le dieron lugar al pedido de la querella de la familia de Ferreyra, que solicitó la postergación de la audiencia hasta el martes próximo por la ausencia del ex comisario Hugo Lompizano, uno de los siete policías acusados en la causa. La Fiscalía y los abogados representantes de los tres militantes heridos el 20 de octubre de 2010, además, solicitaron su detención, a la que también dio lugar el tribunal. Lompizano, que transitó en libertad al igual que el resto de los efectivos sospechados todo el juicio, permanecía hasta ayer en San Martín de los Andes, adonde viajó el sábado y de donde no logró regresar por falta de medios, según justificó su abogada defensora, Norma Bouyssou.

El escándalo malhumoró a los magistrados del TOC 21, quienes cerraron el debate rápidamente ayer y se retiraron sin hacer declaraciones. Demasiada atención social y mediática cubría el inicio de los alegatos en el juicio que dirigen desde hace poco más de medio año. Cientos de banderas rojas y amarillas características de los principales espacios políticos de izquierda coparon la vereda este de Comodoro Py desde la primera hora de ayer, escenario y micrófonos incluidos, para hacer fuerza y presencia durante las conclusiones de las querellas en la entrada a la recta final del juicio, es decir, los alegatos contra los 17 acusados.

Tras una hora de espera, los rumores de pasillo fueron confirmados por Días, quien indagó a Bouy-ssou acerca del paradero de su defendido y luego dio lugar a la Fiscalía y a las querellas a que opinaran sobre la ausencia. La defensora apuntó que Lompizano, quien se desempeñaba en la Dirección General de Operaciones cuando asesinaron a Ferreyra e hirieron de gravedad a los otros tres militantes, tuvo “un inconveniente familiar” y viajó el sábado pasado a San Martín de los Andes, Neuquén. Allí pasó el domingo y los feriados de Carnaval, pero no pudo regresar por “falta de pasajes”, explicó la abogada, quien aseguró enterarse el jueves del asunto y confirmó que su defendido estaría presente el martes. Bouyssou justificó el alejamiento de Lompizano del perímetro de su domicilio –condición que no debía violentar al ser imputado en la causa– y su ausencia en la audiencia de alegatos en la costumbre que se practicó durante todo el juicio respecto de la posibilidad de que la presencia de los acusados pudiera ser reemplazada por la de sus defensores sin pedido de permiso alguno a las autoridades magistrales.

Luego de remarcar que “hay actos del debate judicial que reclaman la presencia de los imputados”, la fiscal María Luz Jalbert dejó en manos de la querella que debía alegar ayer la decisión de cumplir con lo pautado o no. “Estaríamos de acuerdo en que siga la audiencia hoy si la parte acusadora considera que la ausencia del imputado no merma la eficacia judicial de su alegato”, apuntó. Luego, solicitó la revocación de la libertad bajo caución de la que gozó el ex comisario durante todo el proceso y la obligación de su presencia en las próximas jornadas, ya que su ausencia sin autorización constituye una violación de las reglas y “constituye una maniobra preparatoria para la fuga”.

Ofuscados, los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Maximiliano Medina, Marcos Kotlik y Alberto Bovino consideraron que la solución al dilema que los sorprendió listos para fundamentar sus acusaciones a los ex líderes sindicales de la Unión Ferroviaria José Pedraza y Juan Carlos “Gallego” Fernández, entre otros, era la suspensión de la audiencia. Además, solicitaron al tribunal que dispusiera de las medidas necesarias para que “se lo ubique (a Lompizano) y se garantice su presencia en el debate”, apuntó Medina. Procesalmente, existe la posibilidad de que un acusado solicite la nulidad de una acusación en su contra si los alegatos que lo involucran son leídos en su ausencia.

La querella que representa a Elsa Rodríguez –quien fue ovacionada al ingresar a la sala–, Ariel Pintos y Nelson Aguirre, adhirió al pedido de revocatoria de la libertad del ausente realizado por la Fiscalía. Según una de las integrantes del equipo de letrados, María del Carmen Verdú, la actitud del ex comisario “pone de manifiesto su desprecio por este debate, conforma un intento de alterar el proceso y permite la duda de profugación”.

El tribunal hizo lugar a todos los pedidos de la acusación. “Los acusados gozan de derechos y de garantías. En el caso de garantías, existen algunas que son de carácter irrenunciable. Entre ellas, la presencia durante la etapa de alegatos. Los acusados tienen que escuchar las acusaciones, lo quieran o no”, sentenció, como preludio de la decisión de posponer la audiencia. Además, ordenaron que el Ministerio de Seguridad nacional garantice la presencia del resto de los policías acusados en la primera audiencia del juicio la semana próxima.