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La reciente misión diplomática argentina en Londres encabezada por el canciller Héctor Timerman permitió confirmar la intransigencia británica a la negociación bilateral sobre la soberanía de las islas Malvinas en los términos planteados por las resoluciones de las Naciones Unidas. La obturación del diálogo en este caso resultó de una situación inaceptable para la posición argentina que exige el cumplimiento de dichas resoluciones: se intentó incluir en la reunión entre cancilleres a representantes de los habitantes británicos de las Malvinas. Este hecho puso en evidencia la negativa del Reino Unido a avanzar en la resolución de una de las últimas situaciones coloniales que vive la humanidad.

La actitud británica plantea una trascendente tarea para la diplomacia argentina, desnudar que detrás de la invocación del “derecho de autodeterminación de los isleños” se encuentran los verdaderos intereses del Reino Unido: poseer una poderosa base militar en una zona estratégica del Atlántico Sur, apropiarse de las riquezas y recursos naturales existentes en la región y consolidar sus pretensiones sobre el territorio antártico. Todas estas acciones no sólo lesionan los legítimos derechos argentinos, sino los de gran parte de los países y pueblos de Sudamérica. En este contexto, la ofensiva diplomática que ha llevado a cabo Argentina en todos los foros y la solidaridad que ha concitado ha obligado al Reino Unido a planificar una nueva acción política de naturaleza publicitaria: el referendo sobre la voluntad de los isleños de continuar siendo un territorio británico. Poner en evidencia los verdaderos intereses coloniales que el Reino Unido pretende perpetuar en Malvinas a través de esta maniobra no será fácil. Como sabemos, tanto la idea de “autodeterminación de los pueblos” como un referéndum como expresión de la voluntad popular resultan aparentemente atractivos para la opinión pública mundial. Ello nos obliga a denunciar la trampa que esconde la apariencia de “participación popular” en el caso de un pueblo implantado.

Las resoluciones de Naciones Unidas (particularmente la 2065) son sumamente precisas. Estamos haciendo referencia a una situación especial: se trata de un territorio colonial, no de un pueblo colonizado. El pueblo existente en el momento de la invasión militar fue expulsado. Por ello, la ONU no se plantea como solución del conflicto por la soberanía la autodeterminación del pueblo que habita las islas como en otras situaciones coloniales. En Malvinas se reclama el diálogo bilateral a partir del cercenamiento de la integridad territorial.

Los reclamos de Gran Bretaña en esta dirección nunca han encontrado apoyo. Ninguna resolución de la ONU relacionada con la cuestión Malvinas se ha referido a la libre determinación, en marcado contraste con otras resoluciones referidas a la descolonización. Para la ONU y para la comunidad internacional, el principio de libre determinación no es aplicable a Malvinas. Por ello el referendo no tiene legalidad ni sustento en el orden jurídico internacional. Se le preguntará a una población británica, en parte descendiente de británicos implantados luego de la usurpación militar de 1833, si desea continuar siendo británica. El resultado no puede sorprender. Como señalara en el seminario en Londres el malvinense residente en Argentina Alejandro Betts: “El referendo en Malvinas se reduce a un ejercicio de autosatisfacción británico”.

Como tampoco nos sorprende que la potencia colonialista por excelencia durante siglos sólo invoque el derecho de los pueblos a decidir en el caso de Malvinas. ¿Por qué no lo ha hecho en Hong Kong? ¿Por qué ha desalojado sin consulta previa a los habitantes de la isla Diego García para alquilarla “deshabitada y desinfectada” como base militar de Estados Unidos en el Indico? ¿Por qué a pesar de que la Corte Suprema británica falló a favor del retorno de este pueblo a su isla se les impide regresar? La posición argentina, en cambio, no sólo es respaldada por la ONU, también lo es por la OEA, el Mercosur, Unasur, Celac, SICA, las cumbres iberoamericanas, las cumbres de América del Sur con los países árabes y africanos, el G-77 más China, etcétera. En la reciente Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana realizada en Santiago de Chile se incluyó en el mensaje a la Cumbre de Jefes de Estado un párrafo especial donde se recomienda “favorecer el diálogo para una solución pacífica, justa y duradera en el marco de las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas”.

Cabe destacar que la posición argentina no desconoce la existencia de los isleños. La Resolución 2065 de la ONU es clara cuando señala que en la negociación bilateral con los británicos hay que respetar los intereses (no los deseos) de los isleños. Nuestra Constitución Nacional en su disposición transitoria tercera enuncia que es necesario “respetar el modo de vida” de quienes habitan las islas. Lo que no pueden hacer es decidir sobre la nacionalidad del territorio en el que viven, que fue usurpado por el Reino unido hace 180 años.

En la Argentina el reclamo por la soberanía en Malvinas es prácticamente unánime. Tanto en el pueblo como en el conjunto de la dirigencia y las fuerzas políticas. Ello quedó refrendado en la declaración de Ushuaia, votada por unanimidad en ambas Cámaras. Sin embargo, en los últimos tiempos, tanto desde algunos medios dominantes como de dirigentes de la oposición que les hacen seguidismo, trata de mostrarse la firmeza del reclamo del gobierno de Cristina Kirchner como contraproducente a la posibilidad de entablar la negociación con Reino Unido.

Coinciden con la mirada de los propios conservadores británicos en el Gobierno. El canciller William Hage acaba de expresarlo en un diario argentino: “El actual gobierno argentino está siguiendo un camino diferente de sus antecesores (...) En los ’90 y hasta el 2002 hubo buenas discusiones entre Gran Bretaña y Argentina”. La voluntad británica de que Argentina vuelva a las relaciones “carnales” o a la política de seducción que manifiesta Hage es de tal magnitud que la periodista se ve obligada a preguntarle: “Ustedes no estarán extrañando al ex ministro Guido Di Tella por casualidad, ¿no?”. Es evidente que sí. En aquel momento Argentina sólo mantenía el reclamo de manera formal y evitaba hablar de Malvinas. El propio Hage enuncia en la misma nota qué tipo de diálogo pretende: “A mí me encantaría tener discusiones con el canciller argentino, pero estas discusiones no pueden ser sobre la soberanía de las Falkland (sic)”.

La convicción del actual gobierno de Cristina es que sólo a través de una diplomacia activa y firme con un sólido apoyo regional se generarán las condiciones para que el Reino Unido se disponga a cumplir la resolución de Naciones Unidas y retome el diálogo sobre la soberanía de Malvinas. La declaración de 18 grupos europeos de apoyo al diálogo por Malvinas que se firmó en Londres es una demostración más del creciente consenso mundial en que este diálogo sobre la situación colonial de Malvinas no se puede postergar por mucho más tiempo.

* Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.