Desde Londres

El escándalo de la venta de carne de caballo se ha convertido en una incontenible bola de nieve. La compañía de alimentos más grande del mundo, Nestlé, retiró productos de los supermercados de Italia, España, Francia y Portugal luego de que se hallaran rastros del ADN equino en tres comidas procesadas. Tan sólo la semana pasada, Nestlé había anunciado solemnemente que sus productos estaban a salvo del escándalo. En realidad, casi nadie parece hoy a salvo de nada, por más que compañías como Nestlé y los mismos gobiernos aseguren que la carne equina no es un peligro para la salud.

Nestlé retiró dos congelados de pasta –Ravioli y Tortellini Buitoni– que se vendían en Italia y España y otro, Lasaña, que se vendía en Francia y Portugal. Las pruebas de laboratorio daban una presencia de un uno por ciento de carne equina, pero la compañía decidió suspender la comercialización de todos los productos de la empresa alemana H. J. Schypke, proveedora de los congelados en cuestión. El lunes, una cadena internacional germana de supermercados, Lidl, retiró productos que contenían rastros de carne equina de sus supermercados en Finlandia y Suecia.

Desde que las autoridades irlandesas descubrieron carne equina en una muestra al azar de hamburguesas a la venta en supermercados, el escándalo se ha diseminado por toda Europa, poniendo al desnudo una cadena globalizada de producción de alimentos sobrecargada de intermediarios que viaja desde Rumania –origen de la venta de carne de caballo– y Chipre a Francia, el Reino Unido y el resto del sur y norte de Europa.

La Unión Europea está realizando pruebas al azar en sus 27 miembros para detectar la presencia de carne equina y butus, una droga antiinflamatoria para caballos, prohibida en la cadena alimentaria humana por su impacto en la salud. En Francia, uno de los epicentros de la crisis, las autoridades están investigando a Spanghero, una compañía procesadora de alimentos acusada de sellar de manera fraudulenta unas 750 toneladas de carne equina.

La Occrp, que investiga el crimen organizado en Europa del Este y Asia Central, identificó a la firma Draap Trading, con sede en Chipre, como la responsable del envío de carne equina a Francia. Draap, que admitió la adquisición de carne a mataderos en Rumania, está registrada en un paraíso fiscal en la Virgin Islands y su director, Jan Fasen, fue condenado el año pasado por vender carne equina de Sudamérica como carne vacuna alemana y holandesa.

Según el dominical británico The Observer, Draap usa exactamente la misma red de compañías que el ruso Victor Bout, condenado en noviembre de 2011 por suministrar armas a las FARC, de Colombia, y acusado de ser una figura clave del tráfico internacional de armas en Africa y Medio Oriente. Rosie Sharpe, de la ONG Global Witness, indicó a The Observer que la crisis está revelando los peligros que representa una opaquísima globalización financiera. “Se vuelve muy fácil procesar el dinero que sale de ventas de carne adulterada o tráfico de armas para el crimen organizado. Es muy fácil ocultar el nombre de los verdaderos dueños de las compañías por medio de paraísos fiscales”, señaló Sharpe.

A esta opaquísima estructura financiera se añaden los recortes presupuestarios a nivel europeo. En el Reino Unido la Agencia de la Alimentación, que regula la venta de productos alimentarios, fue reducida a la mitad con el programa de austeridad lanzado por la Coalición Conservadora-liberal demócrata en 2010. El actual ministro para el Medio Ambiente, la Alimentación y la Agricultura, Owen Patterson, fue uno de los artífices de estos recortes sobre un organismo que contaba entre sus enemigos a la industria alimentaria y las cadenas de supermercados. Patterson ha tenido que dar marcha atrás con su discurso de regulación “ligera” y, más irónico aún, ha dejado de lado también su euroescepticismo a ultranza, declarando que “Europa es la organización que debe coordinar nuestros esfuerzos”. El programa de austeridad ha afectado igualmente a los municipios, cuyas unidades de supervisión alimentaria han sido recortadas hasta un 70 por ciento. No sorprende tampoco que el sector público, obligado a maximizar recursos ante los recortes, haya salido mal parado del escándalo. En Lancashire, norte de Inglaterra, se tuvo que retirar de circulación los pasteles de carne de 47 escuelas públicas. Compass, una compañía de alimentos que suministra comida procesada a más de siete mil escuelas y hospitales del Reino Unido, reconoció que uno de sus productos contenía carne equina.