Desde Madrid

El sistema judicial también es objeto de debate en España. Allí, los jueces y fiscales dijeron ayer basta a la política del Partido Popular en materia de Justicia, con una huelga que, según los convocantes, alcanzó un seguimiento del 62 por ciento. El principal reclamo es la retirada de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, un órgano equivalente al Consejo de la Magistratura en Argentina, por considerarla “un atentado contra la independencia de los jueces”. Asimismo, se denuncia la falta de medios para combatir la corrupción, la subida “desorbitada” de tasas judiciales a los ciudadanos, impuesta por el gobierno hace dos meses, y la práctica abusiva de indultos, que los magistrados valoran como “arbitrarios”.

Para entender mejor sus reivindicaciones, Página/12 habló con el juez Carlos Preciado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la Sala Social y coordinador de la Comisión Sindical de Jueces para la Democracia, una de las asociaciones promotoras de la huelga.

–Es preocupante, principalmente, que el Ministerio de Justicia pretenda llevar todo lo que es el régimen jurídico y el control disciplinario de los jueces a su terreno. Eso, a nuestro entender, es inconstitucional y nos devuelve al tiempo de la dictadura, donde la judicatura dependía del Ministerio de Justicia y no había un órgano como el actual CGPJ, diseñado para garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Nuestro sistema constitucional establece que el régimen disciplinario, los ascensos o el estatuto orgánico de los magistrados se manejen por este órgano independiente, para evitar que desde el Ejecutivo se sancione disciplinariamente a un juez que está llevando una investigación comprometida para el poder público.

–En teoría, se quiere hacer para limpiar un posible descontrol de fondos, puesto que el anterior presidente del Consejo dimitió en su día tras destaparse un manejo fraudulento de los presupuestos. Pero nosotros creemos que es sólo un pretexto de cara a la opinión pública, ya que, en realidad, lo que se busca es someter a los jueces a un control férreo para poder controlar la investigación de los casos de corrupción.

–Eso es falso. Por parte del ministerio se declara de forma demagógica que nuestra huelga es por una paga extra y por más permisos, cuando lo que denunciamos, en primer lugar, es una política que, lejos de acercar la Justicia al ciudadano y modernizarla, la convierte en una suerte de lujo para aquellos que disponen de recursos.

–En efecto, es una relación difícil de comprender. Se pretende adoptar una vieja reivindicación de los jueces en España que pide regular la situación de los sustitutos (tan profesionales como los titulares porque la mayoría de ellos lleva más de 20 años ejerciendo la jurisdicción como suplentes). Pero lo que reclamamos es que los interinos se vayan convirtiendo en titulares, no lo que, en realidad, ha hecho el gobierno, que es destruir 1200 plazas de juez por motivos puramente presupuestarios. Eso no es profesionalizar la Justicia, sino hundirla en el más absoluto caos y saturación.

–En España tenemos menos jueces y mucha más litigiosidad que el resto de países europeos, lo cual evidencia que cargamos con más trabajo del que podemos asumir. Hace poco nos llegaron datos de la Comisión Nacional de Salud de Jueces y Magistrados donde se ve que las alteraciones psicológicas derivadas del estrés están muy por encima de la media común en otros trabajos. Superamos con creces las horas establecidas por cualquier norma internacional, los juzgados únicos de pueblo, por ejemplo, trabajan durante 14 días seguidos de guardia, con sólo un día y medio de franco. Por otra parte, desde que estalló la crisis aumentó muchísimo el número de asuntos debido a los pleitos por deudas y despidos y, sin embargo, la tasa de resolución se mantiene igual gracias a las horas personales de los magistrados y la labor del voluntariado.

–De forma muy angustiada. Los casos se nos acumulan porque el poder político no dota de los medios materiales ni personales necesarios para que la Justicia funcione con agilidad. Las causas acaban juzgándose diez años después de que se produzcan los hechos y esto nos llena de impotencia. Además, el uso desviado de los indultos y las relaciones de los indultados con ciertos ámbitos de poder no hacen más que empeorar la desafección de la ciudadanía ante el poder político y, como es lógico, hacia la Justicia.