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Por Patricio Echegaray*

La reforma política pretende salir al encuentro de la justa indignación popular contra los dirigentes políticos que administran este país desde hace décadas, como respuesta a la traición y burla de los mandatos populares, en lo que hoy aparece como una clara crisis de la representación política. Esta propuesta parte de autoridades ilegítimas, ya que en diciembre fueron cuestionados los partidos del gobierno al grito de: “Que se vayan todos”.
El PJ, la UCR y el Frepaso hacen hincapié en el costo financiero político como “presunto responsable” de las penurias populares, pasando a segundo plano las verdaderas causas de la actual crisis políticoeconómica, que son las fabulosas ganancias del capital financiero, las AFJP, las empresas privatizadas y el saqueo permanente operado sobre el pueblo. Postulamos la reducción del costo de la política. Hemos presentado proyectos legislativos desde el punto de vista de la retribución de legisladores y funcionarios (sueldo de maestro con 20 años de antigüedad, $1200, y no la irrisoria reducción de aproximadamente $600 aprobada por el PJ, Frepaso, UCR y cavallistas en la última sesión de la Legislatura que “bajó” las dietas a $4000), como de la anulación de partidas de gastos reservados y reducción de gastos en campañas electorales. También denunciamos la maniobra encubridora, porque además de ocultar las verdaderas razones de la crisis actual en nuestro país, la reforma busca reforzar la pretensión de apoliticismo, permanentemente impulsada por el poder hegemónico, y acotar la participación popular con la reducción de legisladores propuesta por el Acuerdo, en tanto favorece el bipartidismo, refuerza a los partidos de aparatos electorales y clientelistas.
IU sostiene la necesidad de una reforma política profunda y no cosmética, que incluya la disolución del Senado, que es una rémora feudal; la necesidad de la revocabilidad de los mandatos; la creación de un sistema parlamentarista; el aumento sustancial de la representación y el desarrollo de nuevas formas de participación democrática: hoy debe garantizarse la participación popular cada vez más amplia para enfrentar la voracidad de los sectores dominantes y no disminuir los escasos espacios existentes como proponen los partidos del sistema.
La propuesta del Acuerdo firmado por los gobernadores vulnera la expresión popular, hoy también gravemente conculcada por las violaciones a los derechos humanos como los asesinatos de los luchadores en las jornadas de diciembre, la creciente judicialización de las luchas sociales que afecta a más de 3000 compañeros, los más de mil muertos por las fuerzas policiales y de seguridad desde diciembre de 1983 hasta la fecha, y afectación del derecho a la vida, a la salud y a los derechos económicos, sociales y culturales que representan las políticas económicas.
Por todo esto, desde Izquierda Unida trabajamos para fortalecer el poder popular, construyendo una alternativa de gobierno a partir de la articulación de diferentes sectores y espacios excluidos. Nos oponemos a este proyecto que sólo busca beneficiar a los que han llevado al país a su crisis terminal, manipulando el sentido del reclamo popular, como parte de una estrategia más amplia de restricción de los espacios democráticos distrayendo con la “reforma” de los verdaderos problemas que el pueblo padece. Todo esto mientras el pueblo busca una mayor y mejor representación y participación que se transforme en una nueva institucionalidad como la que se viene gestando en las asambleas populares.

* Diputado porteño de Izquierda Unida.