La Comisión Nacional Justicia y Paz, dependiente del Episcopado, criticó el proyecto de la presidenta Cristina Fernández para reformar la Justicia y advirtió que “la politización de los jueces es inadmisible y conspira contra la neutralidad que cabe exigir de ellos”. La jerarquía católica consideró que “cualquier reforma que se intente debe tener como norte el derecho de los más necesitados. En la Argentina en general solamente los pobres van a la cárcel, y padecen allí la ausencia de condiciones mínimas de dignidad”. Para la Iglesia, “después de treinta años de democracia, carece de sentido vincular al actual Poder Judicial con la dictadura militar”. En particular, la comisión eclesiástica se pronunció contra la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura –como propuso CFK–, por considerar que convertirá “a un órgano que debe ser técnico y riguroso en escenario de luchas partidarias. Antes que reformar el Consejo, lo que urge es que éste cumpla cabalmente sus funciones”. También le reclamó al Poder Ejecutivo llenar “las decenas de vacantes de jueces que hoy existen pese a que los concursos están terminados hace mucho”.