El primer juicio oral de Jujuy entró en etapa de alegatos; la semana pasada acusaron las querellas que representan a las víctimas y esta semana lo hará la fiscalía. Se juzga la responsabilidad penal de tres represores: Antonio Vargas, interventor del servicio penitenciario, y la de los ex tenientes Mariano Braga y José Bulgheroni, de inteligencia y operativos de las patotas. El juicio tiene cinco causas acumuladas y 45 víctimas, entre ellas cinco ex trabajadores del Ingenio Ledesma y 27 de Mina El Aguilar. Así, aunque este primer juicio no lleva entre los acusados al sector empresario, las víctimas y familiares empezaron a nombrarlos durante el debate que dio cuenta de las luchas obreras previas a los secuestros. Ahora los alegatos retomaron esas líneas que por primera vez aparecen en una instancia de juicio oral para dar cuenta de los criterios jurídicos a través de los cuales entender la responsabilidad civil en crímenes de lesa humanidad. En tanto, en una causa de instrucción fue detenido el gendarme que comandó el operativo de secuestro de los mineros de El Aguilar, Jorge Borges do Canto, y esta semana será indagado un funcionario civil de la empresa.

“Hay una mutua y estrecha implicación entre dominación económica y dominación política”, dijo en uno de sus tramos iniciales Juan Manuel Sivila, a cargo de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Esto que digo no es nada nuevo, lo dijeron figuras como José Carlos Mariátegui, Raúl Scalabrini Ortiz, John William Cooke o Rodolfo Walsh, todos denunciaron los vínculos entre poder económico y poder político.”

Sivila alegó la semana pasada. El escrito incorporó una lectura del contexto internacional y local y replanteó el modo de entender la articulación entre los empresarios y la dictadura. Un elemento novedoso que aporta el caso de Jujuy es el análisis en paralelo de los dos operativos represivos más importantes que se hicieron en la provincia contra los trabajadores de Mina El Aguilar y el Ingenio Ledesma.

“Los operativos represivos en contra de los trabajadores del Aguilar y de Ledesma tuvieron patrones idénticos”, explicó. Indicó que ambas firmas mantuvieron una relación fluida, ya antes del golpe, con Gendarmería Nacional, que puede observarse en el aporte de viviendas, combustible, vehículos y servicios. A partir del golpe, las dos empresas aportaron camionetas para las detenciones y traslados de los trabajadores detenidos ilegalmente. Las víctimas de este juicio cayeron entre el 24 y 26 de marzo y en un caso días más tarde, fueron secuestradas en sus casas o en la empresa. Entre los antecedentes hay historias comunes entre los dos grupos de trabajadores: llevaron adelante reclamos en los años previos al golpe. El abogado recordó la huelga del ’73 en Mina El Aguilar y los logros alcanzados por los trabajadores en Ledesma a través del sindicato y de la obra social.

“Todo esto señala un patrón común que se aplicó en ambos casos”, dijo Sivila, el tramo “más sistemático” de la represión en Jujuy. En la evaluación de las caídas señaló que estuvieron “pre-ordenadas” y que se hicieron con el aporte de listas: “Aunque no las tengamos aquí, indudablemente nos permite hablar de la existencia de las listas, varios testigos aludieron a ellas, las listas de trabajadores que debían ser detenidos ese día”.

De la relación entre los operativos y las protestas obreras, dijo: “Se ocuparon de dejarla muy en claro cada uno de los testigos que fuimos escuchando, tanto los testigos de Mina El Aguilar como los de Ledesma”. Es por esto, concluyó, “que estos casos tienen altísimo valor para apoyar la hipótesis que hemos sostenido: que el plan de represión ilegal que se llevó adelante en todo el país, en la provincia de Jujuy estuvo claramente moldeado por las necesidades productivas y de control de la mano de obra de las dos grandes corporaciones empresariales asentadas en la provincia: Mina El Aguilar y Ledesma, que determinó su participación activa”.

Los tres acusados recibieron pedidos de penas distintos. Vargas llegó acusado por la causa “Aredez y otros”, entre cuyas cinco víctimas están cuatro trabajadores de Ledesma y el médico Luis Aredez, ex intendente de Libertador General San Martín y asesor médico del Sindicato de Obreros Azucareros de Ledesma y Calilegua y de la mutual de obreros y empleados del Ingenio Ledesma. La querella particular de la familia Aredez, representada por María José Castillo y Oscar Rodríguez, pidió 25 años de prisión por privación ilegal de la libertad y tormentos, en ambos casos agravado. Sivila pidió 25 años por las mismas conductas y agregó el cambio de calificación a asociación ilícita. Ambas querellas a-dhirieron al planteo de condenar por el delito de genocidio impulsado en la primera audiencia de alegatos por el Codesedh.

Bulgheroni está acusado por el caso de Narciso Santiesteban, un militante de la Juventud Peronista, agente de la Policía de Jujuy detenido por Ernesto Jaig. La querella encabezada por Paula Alvarez Carrera pidió 16 años de prisión por asociación ilícita y privación ilegal de la libertad agravada. La abogada explicó que los documentos del Ejército muestran que Bulgheroni tuvo a su cargo la Unidad de Registro Enlace e Inteligencia del Area 323 y recordó los testimonios que dieron cuenta de haberlo visto en interrogatorios o haber sido interrogados o torturados por él.

Braga, en tanto, llegó a juicio por el secuestro y homicidio de Rolando “Pampero” Alvarez García. En representación de su familia, Ariel Ruarte pidió prisión perpetua por el delito de homicidio en una calificación que incluyó violación de domicilio y privación ilegal de la libertad. El jueves próximo alega la fiscalía y el viernes lo harán los abogados defensores.

La semana pasada, el juzgado de Fernando Poviña, a cargo de la instrucción de la causa por la desaparición de los trabajadores de Mina El Aguilar, detuvo a Jorge Borges do Canto, ex comandante de Gendarmería en el Escuadrón 21 de La Quiaca, uno de los gendarmes más mencionados como parte del operativo represivo por los mineros secuestrados entre el 24 y 26 de marzo de 1976. Borges do Canto estaba en Buenos Aires y en la primera declaración indagatoria se negó a declarar. Volverá a ser indagado mañana martes.

El miércoles será indagado Eduardo López, jefe de personal. Ya fue indagado otro de los jefes, Luis Arzuaga. Entre los altos ejecutivos de la empresa fue convocado el norteamericano Ralph Flow, pero fuentes de la causa indican que estaría muerto. La fiscalía pidió las detenciones de los directivos civiles de la empresa.