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Por Irina Hauser y Felipe Yapur

Julio Salvador Nazareno recusó ayer a 13 diputados, pidió la nulidad de su enjuiciamiento y refutó los cargos en su contra alternando, en un descargo de 121 carillas, cuestionamientos que focalizó en el presidente Néstor Kirchner, el ministro de Justicia Gustavo Beliz y los legisladores que impulsan su remoción. En un tramo del texto extendió las responsabilidades a los otros supremos que firmaron con él los fallos por los que está cuestionado, quienes en estos días evidentemente le han quitado apoyo. Pidió también una prórroga para ampliar sus argumentos quejándose porque le dieron poco tiempo. La Comisión de Juicio Político, sin embargo, va a rechazar todos sus reclamos por considerarlos “improcedentes”. Hoy aprobará seis nuevas acusaciones.
El titular de la Comisión, Ricardo Falú, dijo a Página/12 que la defensa presentada por escrito por el presidente de la Corte le pareció, en lo personal, “bastante superficial y no revierte los cargos que hay en su contra”. “Entiendo –añadió– que el eventual dictamen que emitirá la comisión será mucho más solvente que el descargo presentado”, añadió. Según el diputado tucumano los cuatro días de plazo otorgados a Nazareno fueron “suficientes”. Aclaró que a pesar de tener delegada la facultad de decidir sobre los planteos del supremo igual los va a poner “a consideración de la comisión”, que se reunirá hoy.
El ex socio de los Menem entregó al anochecer su respuesta a los 16 cargos hasta ahora formulados. En el escrito, que entregó su abogado Gregorio Badeni, acusó a la Comisión de Juicio Político de haberse manejado con “manifiesta desprolijidad”, “desconocimiento preocupante de la óptica constitucional” y “apartándose de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En tono socarrón dijo desconocer si los legisladores actuaron “por ignorancia”, con una “finalidad política” o “para satisfacer los requerimientos de algún funcionario público o confundir a la ciudadanía”. Párrafos aparte, aludió a “los requerimientos formulados por el titular del Poder Ejecutivo y uno de sus ministros”, en referencia a Beliz, quien ayer volvió a cuestionarlo por el intento darle un ascenso a su hija, Florencia Nazareno (ver aparte).
Nazareno sostuvo, como lo hizo en el juicio político del año pasado, que los magistrados no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Agregó, llamativamente, que es “un contrasentido” y un fundamento “inconsistente”, que se centre la responsabilidad en su persona por fallos de la Corte que fueron dictados al menos por cinco ministros. También acusó de prejuzgamiento a algunos legisladores por emitir opinión sobre su remoción y por aprobar denuncias sin instruir un sumario previo. Al cuestionar “el plazo exiguo” para contestar los cargos pidió tiempo extra. Y para recusar a los diputados abogados citó una norma que prohíbe que los matriculados en el fuero federal integren la Comisión de Juicio Político.
Varias páginas del descargo incluyen las desgrabaciones de las declaraciones por las que está acusado de falta de decoro, presión sobre otros poderes, prejuzgamiento y haber afectado la ejecución de medidas económicas. En la llamada causa Macri, donde la Corte rechazó sin fundamentos un recurso que sobreseyó a la empresa Sevel acusada de contrabando y evasión, intentó demostrar que su voto se ajustó a derecho. También defendió el fallo a favor de la empresa Meller S.A. que reclama un pago millonario al Estado, que según la Sigen y la Procuraduría del Tesoro no corresponde. Actualmente la firma pide 400 millones de pesos. En la causa por la sanción impuesta por la Corte al juez Mario Magariños, basado en las opiniones que virtió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Nazareno reivindicó facultades de sancionar que en realidad hoy tiene el Consejo de la Magistratura.
La Comisión de Juicio Político ya comenzó a preparar el dictamen acusatorio que se discutirá en la sesión del 10 de julio. Hoy aprobarán seis nuevos cargos contra Nazareno basados en tres casos: que siguecobrando 2000 pesos de desarraigo aunque vive en Buenos Aires, las sanciones de la Corte a la jueza Haydé Dragonetti de Román y haber presionado a testigos en su juicio político del año pasado. Mientras tanto, a pesar de los esfuerzos de sus colaboradores por relativizarlas, siguen las versiones constantes de que al riojano por adopción no le quedan muchos días en el alto tribunal.