El titular de la empresa Austral Construcciones, Lázaro Báez, se presentó ayer ante el juzgado federal que encabeza Sebastián Casanello y se manifestó dispuesto “a aclarar de una vez y para siempre que no he intervenido en la realización de conducta alguna al margen de la ley”. El empresario mencionó la causa “Báez, Lázaro sobre encubrimiento y asociación ilícita” que se instruye luego de distintas denuncias originadas en el programa Periodismo para Todos. En el escrito, Báez adelanta que presentará una querella contra Leonardo Fariña y Federico Elaskar, quienes –aunque luego se desdijeron– contaron que sacaron plata del empresario al exterior. En un comunicado difundido sobre el mediodía, el empresario dio a entender de manera elíptica que detrás de la denuncia hay una disputa por las dos obras de mayor envergadura de la Argentina, las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, conocidas antes como Cóndor Cliff y La Barrancosa.

El abogado de Báez es Gabriel Gandolfo, que defendió al banquero Raúl Moneta y al ex titular del Banco Nación, Aldo Dadone (designado por Domingo Cavallo) y asiste actualmente al dirigente de La Fraternidad, Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte Ferroviario, imputado por la tragedia de Once.

La base de la breve presentación son dos conceptos:

- Que no cometió ningún ilícito, por lo cual sostiene que las imputaciones son falsas.

- Que dio instrucciones de iniciar una querella criminal contra Fariña y Elaskar “por las afirmaciones, cuya falsedad, es cierto, ambos han reconocido”.

En el comunicado de prensa anunciando la presentación judicial, Báez habló de una campaña difamatoria de contenido político y dio a entender que el trasfondo del caso es la disputa por la licitación de las dos represas santacruceñas, que tienen asignado un presupuesto de 21.000 millones de pesos. El empresario dice que se presentó con un consorcio chino, Sinohydro Group, “una de las principales hidroeléctricas del mundo”.

Respecto de las tierras de su propiedad que podrían verse afectadas por la construcción, Báez reiteró en el comunicado lo que anticipó hace unos días: donará la presunta indemnización que pudiera llegar a percibir al Ministerio de Educación de Santa Cruz.

Todo indica que Casanello analizará primero la documentación que se secuestró en el allanamiento a la financiera de Elaskar, SGL, en Puerto Madero, una de las quince medidas de prueba que le plantearon el fiscal Ramiro González y el titular de la Procuraduría sobre Lavado de Dinero y Criminalidad Económica, Carlos Gonella. Desde el último miércoles actúa en el caso el fiscal Guillermo Marijuán, quien seguramente propondrá nuevas medidas.