Los ministros de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y de Trabajo, Carlos Tomada, recibieron a representantes de la Cámara de Empresarios de Transporte de Larga Distancia (Celadi) para buscar una salida al conflicto que la entidad patronal mantiene con la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Los funcionarios realizaron “una serie de propuestas concretas que el Gobierno tiene a su alcance”, que se traduce en ayudas económicas para el sector, desde donde argumentan no estar en condiciones de afrontar el incremento salarial del 23 por ciento pretendido por el gremio. La UTA, que no participó en la reunión, ratificó el paro que comenzó el último miércoles. “Estamos preocupados porque en cuatro meses de negociaciones paritarias hemos asistido a veinte reuniones, y la situación de los trabajadores no se resuelve”, manifestó el titular del sindicato, Roberto Fernández, quien pidió “respuestas definitivas y satisfactorias a todos los reclamos planteados”.

Miles de pasajeros continuaban varados en las principales terminales de ómnibus del país como consecuencia de la huelga de choferes de transporte de larga distancia, a la que ayer se sumó el personal de boleterías. Mientras tanto, los ministros Randazzo y Tomada, y el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, recibieron en Casa de Gobierno a la cámara Celadi, encabezada por su titular, Mario Verdaguer, para “evaluar alternativas que conduzcan a solucionar el conflicto salarial” de las empresas con la UTA.

“Se realizaron propuestas concretas que el Gobierno tiene a su alcance, para colaborar”, comunicaron voceros de Transporte y de Trabajo. Manifestaron que “los empresarios se retiraron con el compromiso de evaluar las propuestas y buscar la forma de dar respuesta al reclamo del aumento salarial.” Una fuente de la cartera laboral explicó a Página/12 que desde la cámara plantearon “la imposibilidad de solventar el aumento que pide el gremio y por eso les ofrecimos ayudas económicas al sector, para que revisen su estructura financiera, hagan números y realicen el esfuerzo necesario”.

La Celadi argumentó que no hay “condiciones de afrontar el incremento salarial del 23 por ciento que reclaman los choferes”, y se justificaron en la quita de subsidios a los pasajes. Verdaguer se quejó de “las gratuidades que caen” sobre el sector del transporte, entre las que mencionó los “pasajes para discapacitados, jubilados, estudiantes y docentes, de modo que la ecuación de la actividad está actualmente rota”.

Finalizada la conciliación obligatoria luego de veinte audiencias a lo largo de los últimos cuatro meses, la UTA retomó las medidas de fuerza el miércoles pasado, cuando fracasó el último encuentro con representantes de las cámaras y funcionarios del gobierno. El paro que afecta terminales de micros de todo el país se mantiene “hasta que haya soluciones”, adelantó el secretario general de la UTA, Roberto Fernández.

“Las patronales niegan un acuerdo salarial, amenazan con producir cinco mil despidos, alegando costos laborales, y con precarizar el empleo, ya que advirtieron que aplicarán la monoconducción al quitar a un chofer de los micros”, criticó el gremialista. Recordó que “en el verano la UTA aceptó un aumento no remunerativo para no afectar a los pasajeros, pero ahora quiere el 23 por ciento, porque no es una barbaridad y es lo que logró para los choferes de micros de corta y media distancia”.

Informe: Juan Manuel Frías.