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Mira con fruición la pantalla de su computadora para ver las repercusiones de la renuncia del presidente de la Corte, Julio Nazareno. El presidente de la Comisión de Juicio Político, Ricardo Falú, lee en voz baja, asiente, restrega sus manos y luego dice: “Esto fue un acierto institucional. Hay que generar consensos para definir la forma en que continuaremos trabajando. Eso sí, lo único cierto es que acá no termina esto. No vamos a guardar en un cajón ninguna de las denuncias que existen contra la totalidad de los miembros de la Corte”.
–¿Cómo interpreta la renuncia de Nazareno?
–Buscó un modo incruento para un final anunciado. Sabía que el peso de las pruebas era ilevantable porque estaban basadas en documentos públicos. Sabía más que nadie que no se había desempeñado como un buen juez. Sabía también que muchas veces aplicó la ley a pedido de amigos políticos. Se encontró frente a un cuadro al que jamás había estado antes, que se había producido la confluencia de los elementos jurídicos de pruebas de su mal desempeño y de un enorme consenso político que había tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores. Esto fue lo que no ocurrió durante el primer semestre del año pasado.
–Uno de los argumentos esgrimidos por la defensa es la casi inexistente posibilidad de rebatir los cargos. Un explicación que coincide con la visión de la diputada menemista Alejandra Oviedo.
–Derecho a defensa lo tuvo y a plenitud. No sólo a través de los medios de comunicación masivos donde jamás escondimos un cargo, capítulo o prueba. Ni siquiera hubo secreto sumarial como ocurre en el fuero penal. Así que estaba perfectamente anoticiado. Además eran hechos que Nazareno los conocía más que nadie. Se le dio siete días corridos para que se defendiera, se habilitó incluso el fin de semana. Lo ayudaron 10 abogados. Tuvo el doble de plazo que se aplica en el Código Procesal Penal. Además, los defensores, y sobre todo el doctor (Gregorio) Badeni, omiten deliberadamente decir que esta instancia es un simple descargo, ya que la defensa en el Senado tendrá quince días de plazo. Lo que están utilizando es un argumento inverosímil, pueril, fútil, baladí que no resulta creíble ni para un infante. Fue una excusa por no decir que se equivocó.
–Nazareno no es el único responsable de la crisis que sumió al Poder Judicial. Entonces, ¿cómo sigue el trabajo de la comisión? Entre los bloques hay diferencia visiones de cómo continuar.
–(Risas.) Esto sigue siguiendo. Hay que fijarse cómo se fue trabajando dentro de la comisión. Lo hicimos a través de un método inductivo y deductivo simultáneamente. Cada miembro de la comisión hacía las consultas políticas con sus respectivos bloques. Después venía la síntesis en la comisión donde se conseguía el consenso que, como se dará cuenta, no era exclusivo de la comisión sino de todas las bancadas. Vamos a seguir dándole tratamiento a cada una de las denuncias.
–En la comisión hay diferentes visiones de cómo continúa esto.
–Hay que generar consensos y encontrar el camino más adecuado para beneficio de la Nación. Existe la posibilidad de continuar caso por caso porque es un modo en que la sociedad puede formar su propio juicio. Esto dio resultado en el caso Nazareno que fue un acierto institucional. Otros dicen que esto duraría un año y produciría un daño a la Justicia. Sugieren avanzar con los que fueron cofirmantes de las acordadas con Nazareno. Hay una tercera posición, que yo comparto, y que dice que hay que darle tiempo, un par de semanas no más, al Ejecutivo para que demuestre que tiene la vocación de mejorar la seguridad jurídica a través del proceso de sustitución. Todo está en debate. Será cualquiera de estos caminos, pero lo seguro es que no se guardarán las denuncias en un cajón.
–¿Se enjuiciará a Eduardo Moliné O’Connor?
–De mi boca no va a salir un nombre aunque me lo pregunten mil veces. Mientras no haya causa formalmente abierta no daré nombres, no voy a subsumir mi pensamiento en la voluntad colectiva de la comisión.
–Pero entre los 110 expedientes está Moliné.
–Están todos los miembros de la Corte. Incluso el de (Juan Carlos) Maqueda. Están todos, algunos con más causas y razones que otros. Veremos cómo se dan los consensos.
–¿Hubiera preferido que proceso siga su curso?
–Yo quería el juicio público porque son demasiados los daños que sufrió la sociedad argentina a pesar de que sé que el pueblo percibe que no hay seguridad jurídica porque estos jueces redujeron el derecho a la voluntad política.