El plenario de comisiones de Diputados fue breve. Apenas media hora alcanzó para que los bloques opositores expusieran su rechazo –aun con los cambios que introdujo el Senado a propuesta de la Corte Suprema– al ingreso por concurso al Poder Judicial, y al oficialismo para reunir las firmas necesarias para emitir el dictamen de mayoría, aunque postergó su tratamiento en el recinto de la Cámara baja hasta el 29 de mayo. Ese día, el kirchnerismo buscará convertir en ley el último de los seis proyectos que el Ejecutivo envió al Congreso para “democratizar la Justicia” y el blanqueo de capitales en moneda extranjera –que ahora discute el Senado– con el que intenta estimular la industria petrolera y de la construcción. Con los diputados del oficialismo dispuestos a convalidar los cambios que el Gobierno introdujo al texto original por pedido de la Corte Suprema y la oposición resignada a no poder forzar otras modificaciones, el trámite en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia fue rápido.

El dictamen de mayoría del oficialismo que llegará al recinto el 29 de mayo, mantiene, aun con los cambios, el eje central de la propuesta elaborada por el Ejecutivo: que el ingreso de personal al Poder Judicial se realice a través de concursos públicos.

La tarea que en principio iba a quedar en manos exclusivas del Consejo de la Magistratura ahora dependerá de distintos estamentos y autoridades. Los concursos para el ingreso al Poder Judicial, desde un empleado hasta un secretario de juzgado, estarán a cargo de la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría, en cambio, elaborará sus propios concursos para el nombramiento de los fiscales del Ministerio Público. Lo mismo hará la Defensoría para el personal a su cargo, y de igual modo deberá hacerlo el Consejo de la Magistratura para designar a sus empleados.

De todas maneras, las bancadas de la oposición dejaron en claro su rechazo a través de sus intervenciones. El macrista Pablo Tonelli también cuestionó que la reforma se realice “exclusivamente para el ingreso al Poder Judicial” y afirmó que, a su entender, “el Congreso es incompatible” para definir sobre cuestiones de otro poder.

El radical Juan Tunessi afirmó que la UCR presentará su propio dictamen porque entienden que la propuesta del Gobierno tiene como “única finalidad someter a los jueces” y que “vulnera la independencia del Poder Judicial”.

En el mismo sentido que la UCR, la peronista disidente Graciela Camaño afirmó que su sector no acompañará la reforma porque “vulnera la división de poderes”. “Es un avasallamiento del Poder Judicial”, insistió Omar Duclós, del GEN. El díscolo peronista riojano y presidente de la Comisión de Justicia, Jorge Yoma, anunció que presentará un dictamen personal de rechazo “a todo el paquete del Ejecutivo”. El mismo camino que expresaron Alicia Terada –la única incondicional de Elisa Carrió en el bloque de la CC– y la diputada Liliana Parada, de la Unidad Popular.

Con el dictamen de mayoría en sus manos, el oficialismo dio por concluida su tarea. Desde el Frente para la Victoria habían trabajado para confirmar la presencia de los diputados propios que integran ambas comisiones, pero no habían podido garantizar la presencia de toda su tropa y la de sus aliados para hoy en el recinto.

Sin la certeza de poder contar con todos, el kirchnerismo decidió no arriesgar la convocatoria a una sesión especial para hoy y decidió concentrar sus esfuerzos en una sola jornada: el 29 de mayo. Ese día, el oficialismo buscará convertir en ley el último de los proyectos del Gobierno para “democratizar la Justicia”, lo mismo que la iniciativa sobre el blanqueo de divisas que ahora discute el Senado.