El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia por el que ordenó crear un fuero especial en el Poder Judicial del distrito que se ocupará de atender las cuestiones que involucren a empresas periodísticas en la ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que, mientras tanto, las atribuciones quedarán en manos del Tribunal Superior de Justicia porteño. El líder del PRO también anunció que mandará un proyecto de ley a la Legislatura porteña. “Nuestra Presidenta quiere que no haya más prensa libre”, afirmó en una conferencia de prensa que montó sobre un rumor de una supuesta intervención del Grupo Clarín por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV). “La Justicia porteña será la que decidirá si prevalece la libertad de expresión o una ley del mercado de capitales”, afirmó Macri. La oposición porteña indicó que no tiene jurisdicción para dictar ese DNU. Por iniciativa del titular de la Afsca, Martín Sabbatella, se presentarán para que la Justicia declare inconstitucional la norma.

Con el rostro adusto, Macri llegó a las 18 a dar una conferencia de prensa que convocó sorpresivamente. El jefe de Gobierno consideró que “recrudecieron los ataques a la independencia de la Justicia y la libertad de prensa”. Entre estos últimos, contó los “allanamientos a casas de periodistas, la pauta de los supermercados, el proyecto de ley para expropiar plantas de producción del papel”. Macri anunció la firma de un DNU –el segundo de este año, luego del de las inundaciones– que “enmarca una protección para los periodistas y los medios de comunicación en nuestro territorio”. “Se creará un fuero especial en el Poder Judicial para que dirima sobre temas de libertad de expresión, mientras tanto quedará en la órbita del TSJ”, dijo.

Ante una pregunta sobre una eventual intervención de un medio de comunicación, Macri sostuvo que “el TSJ deberá decidir qué es de mayor envergadura: la libertad de expresión o una ley del mercado de capitales”.

En el TSJ no estaban enterados del texto del decreto. Y, por lo que pudo saber este diario, no es una atribución de la Justicia porteña revisar actos de entidades nacionales como la Comisión Nacional de Valores.

El DNU crea un “Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión”, que reitera cuestiones que están tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales. Y agrega algunas hechas a medida: “Ninguna autoridad pública podrá intervenir en manera alguna (...) en la dirección, gerenciamiento o control societario de los medios de comunicación”, dice el artículo 18. Establece que las “licencias de comunicación audiovisual” –como las que están en discusión con la ley de medios– “estarán protegidas inclusive frente a expropiaciones por motivos de interés o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, secuestros y ejecuciones administrativas” y sólo podrán transferirse con el permiso expreso de sus propietarios. Según el DNU, los medios porteños no se regirán por las leyes de defensa de la competencia si son “dictadas exclusivamente para medios” o si restringen “irracionalmente o arbitrariamente” su libertad.

Macri les pidió a otros gobernadores que dicten normas similares. En el espacio opositor sólo encontró eco en su ex aliado Francisco de Narváez, quien consideró que la Presidenta “es autoritaria y toma decisiones propias de una dictadura. Hay que ponerle un límite”. “La autonomía de la Ciudad avala este decreto”, argumentó el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.

“Esto solamente lo puede hacer si la ciudad de Buenos Aires se convierte en un nuevo país. No puede regular sobre cuestiones federales ni sobre cuestiones que establece la Constitución. Quiere generar una isla independiente de la Argentina”, consideró el legislador Aníbal Ibarra, que insistió en que el DNU “desconoce leyes nacionales sobre competencias federales, nacionales y locales, la ley de medios, la Constitución que le da atribuciones al Congreso”.

“Un jefe de Gobierno firma un decreto para responder a un rumor que nadie sabe de dónde salió”, consideró la legisladora Gabriela Cerruti. “Fueros especiales para Clarín. Esto sí es el fin de la república”, tuiteó. “Macri mostró hoy su idiosincrasia de felpudo para con las corporaciones mediáticas. El DNU es un mamarracho jurídico”, advirtió el kirchnerista Francisco “Tito” Nenna. El titular de la Afsca, Martín Sabbatella, consideró que “el DNU de Macri no es a favor de la libertad de expresión, sino a favor de Clarín. Lo que el jefe de Gobierno propone es que las leyes nacionales no sean cumplidas por la Ciudad, creándole un cerco de impunidad a una corporación mediática”. Sabbatella se comunicó con Cerruti, la jefa del bloque de Nuevo Encuentro en la Legislatura, para que se presente ante el Poder Judicial y pida que declare inconstitucional el DNU.