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El respeto de los derechos humanos y la preservación de la democracia necesitan del “buen hacer informativo”, tarea que no puede quedar librada a su suerte o cargarse a la cuenta de los periodistas o los editores responsables, mucho menos de los empresarios. Si la libertad de prensa no es un derecho absoluto, eso quiere decir que puede ser objeto de discusión y regulación pública.

Con la protocolización del quehacer periodístico se busca adecuar el tratamiento informativo de los hechos a los estándares internacionales de derechos humanos. Protocolizar significa establecer una serie de criterios que orienten la redacción o presentación de una noticia en radio o televisión.

La protocolización implica abandonar el modelo de periodismo forjado en el siglo XIX, que sostiene que el periodismo, como cualquier oficio, es algo que se aprende en la calle, en la sala de redacción, midiéndose con la máquina de escribir todos los días, al lado de un maestro-referente que apadrina o guía, que sabe trasmitirnos los secretos del oficio de escribir. Esta visión romántica es tributaria de la historia que le tocó. Hoy en día, las sociedades son mucho más complejas, hay más conflictos, más actores con más problemas y esos problemas, con todos sus actores, deben ser atendidos no perdiendo de vista los estándares internacionales de derechos humanos, las viejas y nuevas conquistas sociales producto de las luchas previas que el propio Estado debe garantizar. La democracia necesita de otro prototipo de periodista y de otra manera de hacer la información.

Hace rato que la labor periodística viene siendo objeto de reflexión y regulación. Prueba de ello son los “manuales de estilo” y “los códigos de ética”. El problema que tienen estos marcos normativos es que son declamativos: sólo estipulan principios enunciativos que no tienen un carácter vinculante para los editores o periodistas. Se trata de declaraciones de principios que sólo obligan moralmente al periodismo. Estos códigos deontológicos funcionan de la misma manera que los Diez Mandamientos: sólo se limitan a decirnos lo que no debemos hacer, pero nunca nos dicen cómo debemos hacer para no hacer lo que no se debería hacer.

Por el contrario, los “protocolos de procedimiento profesional” no son tratados morales, una declaración de buenas intenciones, un listado de aspiraciones. No establecen principios, sino procedimientos a los que debe adecuarse la producción periodística. Se trata de hacer del periodismo un acto deliberado y no automático o romántico. Cuando escribe la noticia que eligió o le dijeron que escriba, el periodista deberá seguir determinados pasos. Con ello se busca tener en cuenta y respetar los derechos de los actores involucrados en cada noticia, así como también garantizar la calidad informativa para enriquecer el debate que necesitan las democracias.

El objeto de los protocolos no es el contenido, sino el procedimiento. No le dicen al periodista qué tiene que decir, sino cómo hacerlo; no le dicen sobre qué escribir, sino cómo debe hacerlo para que no vulnere los derechos de las personas involucradas en esa noticia y para que la ciudadanía reciba información de calidad.

Otra diferencia con los códigos deontológicos hay que buscarla en sus autores. Si los manuales de estilo son redactados por las empresas periodísticas y los códigos de ética por los gremios de la prensa, los protocolos son el resultado de un debate colectivo que debe involucrar a diferentes actores donde, además de las empresas periodísticas y los periodistas, contemple las carreras de comunicación social y periodismo con sus equipos docentes, investigadores y estudiantes; los distintos movimientos sociales; sindicatos; partidos políticos; el Estado; juristas; otras organizaciones de la sociedad civil, etcétera. El debate sobre la información no puede ser un debate corporativo, tiene que ser el fruto de una discusión abierta y vigorosa.

En definitiva, los protocolos son instrumentos a través de los cuales la ciudadanía podrá después pedir que el periodismo rinda cuentas por las noticias que escribió. Esto es lo que algunos han llamado Sistema Ciudadano de Rendición de Cuentas de los Medios, que funcionan como mecanismos de equilibrio y contención de los medios. Si la sociedad civil no cuenta con sistemas de control externos, si los mass media están exentos de cualquier tipo de control social (y que conste que no digo gubernamental), tienden a desbordarse y a pensar la realidad con los intereses de las empresas. Cuando eso sucede –como ahora–, estaremos en problemas. No sólo la democracia, sino la vigencia de los derechos humanos.

* Profesor de Derecho a la Información en la UNQ, autor de Contra la prensa y Justicia mediática.