El Ministerio Público Tutelar, en su informe anual sobre Niñez, Adolescencia y Salud Mental, sostuvo que la Ciudad de Buenos Aires “sigue manteniendo un elevado número de niñas y niños institucionalizados/as” por razones de vulnerabilidad social. En el documento, presentado en la Legislatura porteña por la asesora general tutelar, Laura Musa, se afirma que “la separación familiar, lejos de ser una medida de último recurso, continúa siendo una estrategia de intervención extendida ante situaciones de vulneración de derechos que podrían subsanarse a través de una adecuada implementación de medidas de protección integral”, tal como establecen las leyes vigentes. Hasta fines de 2012, año que es analizado en el informe, eran 1049 las niñas, niños y adolescentes que permanecían en institutos “como consecuencia de una medida de separación familiar dispuesta por el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (76,5 por ciento de los casos) o por un juzgado nacional (12,6 por ciento)”. En 114 casos (10,9 por ciento) se desconoce quién dio la orden. Si se incluyera a los chicos internados en comunidades terapéuticas, como se hacía en años anteriores, la cifra de institucionalizados se elevaría a 1086 casos.

En el informe se afirma que la situación sigue siendo grave, a pesar de que la ciudad de Buenos Aires ha sido “pionera” en materia de establecer normas de “protección de la infancia”. En la práctica eso sigue sin cumplirse porque “aún no ha logrado contar con políticas públicas de atención de la niñez y las familias para garantizar que las medidas de separación familiar, como recurso de última instancia, sean excepcionales y breves”. También se critican las institucionalizaciones dispuestas por el Poder Judicial, a pesar de que las leyes “de protección integral, que derogaron la Ley de Patronato”, dejaban las decisiones en la materia al arbitrio de los juzgados intervinientes.

El gobierno porteño cuenta con 84 sedes institucionales donde son llevados los chicos; la mayoría de los lugares corresponde a organizaciones no gubernamentales. En el 45 por ciento de los casos, las sedes se encuentran ubicadas en la provincia de Buenos Aires, hecho que genera “la imposibilidad de ser fiscalizadas por la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad”. Además, la ubicación complica, por la lejanía, la labor que puedan realizar la Defensoría Zonal del Consejo de Derechos, que interviene en cada caso, y la del propio abogado que representa al niño y que es aportado por el Ministerio Público Tutelar.

Sobre la atención que reciben niñas y niños en los albergues, se asegura que se advierten “falta de espacios comunes para la elaboración de criterios de trabajo integral e indisponibilidad de recursos públicos (principalmente en materia de la salud) que afecta significativamente el acceso y goce de los derechos humanos de las personas menores de edad institucionalizadas, incumpliendo con las obligaciones estatales que le son inherentes y dejándolas libradas a la posibilidad y voluntad de gestión del heterogéneo universo de las ONG” que participan.

El informe, de 332 páginas, hace también críticas a la política de internación de niñas, niños y adolescentes en materia de salud mental. En 2012, la Asesoría General Tutelar fue notificada de 327 internaciones de personas menores de 18 años. La cifra significa un 30 por ciento más que la registrada el año anterior. “El dato resulta notorio en tanto que las internaciones de personas mayores de edad en hospitales monovalentes se han reducido (dato aportado por la Dirección Nacional de Salud Mental), lo que demuestra que la política de salud mental para la infancia en la ciudad de Buenos Aires prioriza, con contravención de las leyes vigentes, la internación”. El 85 por ciento de esas internaciones “se produce en hospitales monovalentes. A fines de 2012 seguían internadas 65 personas menores de edad; de ellas, dos permanecen en el Hospital Tobar García desde el año 2011.

Uno de los pocos aspectos positivos es que “el control judicial, según los registros de la Asesoría General Tutelar, llegó casi al 70 por ciento de los casos”, contra el “45 por ciento que se había registrado en 2011”. Además, el 60 por ciento de las personas internadas ha contado con el derecho a la defensa técnica previsto en la ley 26.657. En 2011, sólo el 3,11 por ciento de los internados había podido contar con ese recurso.

En cuanto a las características de la población internada, se precisa que el 70 por ciento tiene entre 13 y 17 años, mientras que el 16,7 tiene menos de 13 años. Hay una leve mayoría de mujeres (54,43 por ciento). Sin embargo, entre las edades de 0 a 12 años la mayoría son varones. Esto se revierte en las franjas que van de los 13 a los 15 años y de 16 a 18, en las que las mujeres llegan al 74 por ciento.

La mayor cantidad de internaciones, tanto de varones como de mujeres, se concentra en la franja que va de los 16 a los 18 años, a la vez que se advierte, con preocupación, la existencia de los casos de dos varones en la franja de hasta 12 años, dato que no se había registrado en los años anteriores. La intervención de la AGT impidió además, en 2012, que el gobierno porteño contratara un servicio privado de internación mental prolongada.