El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria entre la UTA y las cámaras del transporte de larga distancia, y evitó el paro al que el sindicato había convocado a partir de anoche. La medida, que regirá por cinco días hábiles, se aplica porque la patronal no otorgó el aumento salarial –23 por ciento retroactivo al 1º de abril– resuelto el pasado 7 mayo por la cartera laboral y la Secretaría de Transporte. Además, la Secretaría de Transporte instruyó al ente regulador “propiciar las caducidades que correspondan y efectuar denuncias judiciales pertinentes” en caso de que las empresas no cumplan con la prestación del servicio.

La resolución firmada por la directora nacional de Relaciones del Trabajo, Silvia Squire, intima a la UTA a “dejar sin efecto las medidas de acción directa que estuviese implementando y/o tuvieran previsto implementar”, y a la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), la Asociación Argentina de Empresas del Transporte Automotor (Aaeta) y la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) a “abstenerse de tomar represalias de ningún tipo” con el personal del transporte.

Las reuniones entre funcionarios del gobierno nacional, dirigentes sindicales y empresarios se desarrollaron a lo largo de todo el día con el fin de que se levante la huelga anunciada por la UTA para las 21. A la mañana lo había adelantado el vocero del gremio, Mario Caligari: “Está confirmado si no hay acuerdo; hace seis meses que venimos discutiendo y no hay ofrecimiento de nada”. Explicó que el paro tenía lugar porque “el sector empresarial no acató el acta” donde se resolvió el incremento salarial del 23 por ciento. “Con el 23 por ciento, el salario mínimo de un chofer sería de 7500 pesos y ahora es de 6000 pesos”, concluyó.

El dictado de la conciliación se emitió justo a tiempo para desactivar la huelga. Fuentes de Trabajo explicaron a Página/12 que la paritaria está cerrada con la resolución del pasado 7 de mayo, y que la actual medida se fundamenta en que la parte empresaria no pagó el aumento resuelto.

Como medida preventiva, en tanto, el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, instruyó al interventor de la CNRT, Ariel Franetovich, a “verificar la debida prestación” y a “propiciar las caducidades que correspondan y efectuar las denuncias judiciales pertinentes” en caso contrario.

Informe: Juan Manuel Frías.