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“Ricardo Cavallo o Sérpico fue miembro del grupo captor. Conrado Gómez no está para identificarlo, pero dado que, al igual que Alfredo Astiz, no tomó francos durante enero de 1977, lo imputo como responsable de la banda que secuestró a mi padre, saqueó sus pertenencias y su vida”, dijo Federico Gómez ante el juez Baltasar Garzón. El y Marcelo Hernández fueron los dos testigos que sumaron ayer sus testimonios a las numerosas denuncias que ya había en España contra el marino argentino que fue extraditado el sábado pasado desde México.
Conrado Gómez fue secuestrado el 10 de enero de 1977 y llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde operaba Cavallo. Allí fue despojado de su patrimonio, como la finca de 26 hectáreas de Chacras de Coria, en Mendoza, que pasó a estar a nombre de una sociedad creada por los oficiales de la ESMA.
Marcelo Hernández relató que también fue secuestrado el 10 de enero de 1977, junto a Juan Gasparini, en las oficinas de Gómez. Como Federico Gómez, aportó información sobre el origen de la fortuna de Cavallo y otros represores de la ESMA. “Por medio de torturas, la ESMA accedió a parte del dinero de las finanzas de Montoneros. Eso hace que el grupo de tareas constituya las sociedades con las que operaron en Argentina y Centroamérica”, afirmó. Hernández dijo que vio al menos dos veces en el centro clandestino a Cavallo y ratificó que ese marino participó personalmente en el operativo que terminó con el asesinato de la mujer de Gasparini.
Federico Gómez relató cómo dos de los compañeros de Cavallo, Jorge Rádice y Francis Willam Whamond, inscribieron con los bienes de su padre una sociedad anónima en la que participó como síndico suplente Emilia Martha García, quien actualmente es jueza contenciosa administrativa de la Capital Federal. La magistrada fue denunciada por Gómez en un expediente judicial abierto en Buenos Aires y su destitución está a estudio del Consejo de la Magistratura desde 2001.
Con las declaraciones de Gómez, quien había estado ante Garzón en 1997, y de Hernández, quien se presentó por primera vez, se daría por terminado el trámite de instrucción contra Cavallo. Pero la causa no podrá ser elevada de inmediato a juicio oral ya que tanto la fiscalía como la defensa hicieron presentaciones para impugnar la orden de prisión preventiva del represor.
El abogado de Cavallo, Julio Antonio Ferrer Sama, mantuvo la posición que adelantó a la prensa y argumentó que Cavallo es un marino y que como tal debe esperar instrucciones del gobierno argentino. Por eso pedirá a la embajada que certifique su condición militar. “Esperamos que Cavallo tenga la mejor defensa posible, pero la actitud de la fiscalía bordea la ilegalidad porque vacía de contenido la función del ministerio fiscal, que es la de velar por los intereses de la sociedad”, aseguró a Página/12 Carlos Iriart, de la acusación popular del juicio contra los militares argentinos en Madrid.
El fiscal Pedro Robira, que se opone sistemáticamente a todas las decisiones de Garzón, sostuvo que España no es competente para juzgar a Cavallo y que como en la causa está imputado Jorge Rafael Videla que –según cree– fue jefe de Estado, debe reconocérsele inmunidad para él y todos los represores. Sin embargo, en ocasión de la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, quedó claro que la protección no alcanza para quienes usurparon el poder por la fuerza y, además, de ninguna manera podría abarcar al resto de los secuestradores y torturadores.
Mientras sus abogados intentan ganar tiempo, Cavallo deberá permanecer –con sus movimientos limitados y con poco contacto con otros presos– encerrado en la prisión de Soto del Real, al norte de Madrid, donde fue conducido el domingo luego de que se negara a declarar ante Garzón. El módulo en el que está el represor tiene 80 celdas de una persona cada una. Allí van los internos que hay que controlar más que al resto porque son violentos o por razones de seguridad específicas, como en este caso. A Cavallo le basta poner un pie en Argentina para quedar impune, ya que aquí, hasta que la Corte Suprema decida lo contrario, podrían ampararlo las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.