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La historia se repite. Una vez más, Fernando de la Rúa evitará dar explicaciones por las muertes ocurridas durante la represión que ordenó el 20 de diciembre de 2001, antes de abandonar el poder. Sus abogados presentaron ayer en Tribunales un certificado médico que consigna que el ex presidente está imposibilitado de hablar debido a que le fue practicada una cirugía buco-máxilo facial. La jueza María Servini de Cubría no llegó a suspender la audiencia, pero “ante el hecho consumado” explicó que no puede ignorar la situación y adelantó que hoy fijará una nueva fecha.
El certificado consigna que De la Rúa fue sometido a un “implante osteointegrado en el maxilar inferior derecho”, que le impide realizar “esfuerzos”, especialmente de “locución”. El abogado Zenón Ceballos anticipó que su cliente “no va a ir a la indagatoria porque no puede hablar”. Tras casi un año de demora, Servini de Cubría lo había citado para el 17 de junio para interrogarlo bajo los cargos de “homicidio y lesiones culposas”, tal como le ordenó la Cámara Federal. Sus defensores plantearon entonces la necesidad de que antes debían ser escuchados una docena de ex funcionarios de la administración aliancista, para establecer “el contexto político” en que fueron tomadas las decisiones que desembocaron en la masacre de Plaza de Mayo. La jueza accedió y comenzó a citar como testigos al ex jefe de Gabinete Chrystian Colombo, al ex jefe de la Casa Militar almirante Carlos Carbone y al ex titular de la SIDE Carlos Becerra, entre otros. Según pretenden los defensores, se les deberá preguntar acerca de un presunto plan de los manifestantes para “tomar la Casa de Gobierno”. De todos modos, Servini de Cubría intercaló las audiencias, afectando en parte esta estrategia defensista. Pero ahora el trámite vuelve a ser postergado. Aunque no lo admita, De la Rúa busca ganar tiempo hasta que la Corte Suprema decida sobre la validez de la llamada a indagatoria. Si es interrogado, el planteo quedaría abstracto. “Es una nueva absurda chicana que no corresponde a un ex presidente”, se quejó Andrea Pochak, del CELS, querellante en la causa.