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Rafael Bielsa, el canciller, quería que Washington se enterase de la medida sin intermediarios. El mismo llamó por teléfono a Colin Powell, secretario de Estado norteamericano, que se encontraba de viaje fuera de su país, para informarle que la Argentina está elaborando una ley marco para regimentar el ingreso al país de tropas de países extranjeros. Según dijo a Página/12 un funcionario diplomático, dicha ley se complementará cada vez que ingresen dichas tropas con un protocolo ad hoc. Powell, dijeron en Cancillería, quedó satisfecho con el anuncio.
Estados Unidos pretende que los soldados y oficiales de sus fuerzas armadas tengan inmunidad diplomática fuera de su país para que no puedan ser juzgados por crímenes de lesa humanidad en la flamante Corte Penal Internacional (CPI), tribunal a cuya formación se opuso y al que aún no adhirió (ni adherirá, al menos mientras dure la administración de George W. Bush). Argentina no sólo participa de la Corte sino que fue uno de los países impulsores de su creación. El ex fiscal adjunto durante el juicio a las juntas militares de la dictadura, Luis Moreno Ocampo, ha sido elegido como fiscal de la CPI. Un alto funcionario de la Cancillería confió a este diario que el Gobierno hizo un fuerte lobby a favor de la designación del fundador de Poder Ciudadano.
Tal es el interés que tiene que anteayer Washington tomó una serie de medidas punitivas contra todos aquellos países que se negaron a darle lo que pide en este asunto, inmunidad para sus tropas. Suspendió la ayuda militar a 35 países, entre los que se encuentra Colombia, el tercer receptor de ayuda norteamericana luego de Israel y Egipto. La Argentina no fue punida con la medida debido a la condición de aliado extra OTAN que obtuvo en 1998, durante el segundo gobierno menemista.
Ayer, Bielsa le comunicó, en una breve conversación telefónica, la novedad a Powell. En la visita del norteamericano a la Argentina, tres semanas atrás, secretario y ministro acordaron hablarse cuando menos una vez al mes. Según relataron a Página/12 en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ayer el canciller dijo a su par norteamericano:
- Que “el gobierno argentino está definiendo una política” sobre el ingreso al país de tropas extranjeras, sean de donde sean, ya que “la Argentina va a adoptar un mismo criterio para todos los países”.
- Que dicha política cobrará la forma de “una ley, que deberá ser –obviamente– aprobada por el Congreso”.
- Que la ley de marras será complementada, cada vez que un país extranjero solicite ingresar para realizar maniobras u operativos conjuntos, con un “protocolo ad hoc”, específica para cada caso, cuyo marco será la norma general.
- Que la norma “tendrá como marco la Convención de Viena, por la cual se les reconocerán a las tropas un status similar al que poseen los empleados administrativos de las embajadas”.
Dicho status es, según explicó un funcionario de Cancillería, “el mismo que tienen los ‘marines’ que custodian las embajadas norteamericanas: inmunidad sólo para sus tareas específicas”. Esto significa que “si un soldado comete una violación fuera de su tarea específica, vale decir las maniobras para las cuales se solicita el permiso de ingreso, será juzgado aquí. Si, en cambio, mata a un lugareño porque se le escapa un tiro en medio de las maniobras, será juzgado en su país de origen”.
En esta ley están trabajando, además de la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Secretaría Legal y Técnica. Ayer, el titular de Defensa, José Pampuro, mantuvo una reunión sobre el tema con los senadores que integran la comisión del área, a saber: los radicales Rubén Martí y Eduardo Brizuela del Moral, los peronistas Miguel Angel Pichetto, Beatriz Halak y Mario Daniele y Pedro Salvatori del Movimiento Popular Neuquino. Según Defensa, en el meeting se conversó sobre el envío al Parlamento de la futura ley y sus características, además de asuntos de “producción para la defensa”.
En tanto, en la Cancillería resaltaban que Powell había quedado satisfecho con la resolución del asunto. “Estaba conforme porque la medida tendrá la estabilidad que le da una ley”, comentó un diplomático a Página/12. Más allá de la polémica que esto pudiese suscitar, en el Gobierno sostienen que “con esto se deja de hablar de la inmunidad; tomemos el ejemplo de un chofer de una embajada X: si este chofer atropella a una persona con el coche de la legación, será juzgado en su país de origen; si, en cambio, viola a una persona, será juzgado en la Argentina. La misma regla regirá para oficiales y soldados de tropas extranjeras que realicen maniobras dentro de nuestro país”.