El año pasado, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora e H.I.J.O.S., entre otros organismos de derechos humanos, denunciaron a la jueza federal de Santa Cruz, Ana Cecilia Alvarez de Estrella, porque –sostenían– sus fallos garantizaron impunidad a un grupo de represores. Recordaron que Alvarez de Estrella era esposa de un comodoro y nuera del vicecomodoro Luis Estrella, condenado en La Rioja el año pasado por los crímenes de los dos sacerdotes mártires de Chamical. En marzo de este año, la comisión Interpoderes convocó a la jueza vía Internet porque no avanzaban sus investigaciones en la causa sobre los presos alojados en la Unidad Penitenciaria 15 de Santa Cruz. Esa provincia aún no tuvo juicios orales de lesa humanidad. Entre las 32 víctimas, está la transición de tres días en la UP 15 del ex presidente Néstor Kirchner, que como otros, murió sin declarar en la causa.

“Los noto muy preocupados por esto”, dijo la jueza a la mesa de interlocutores, pantalla mediante, entre los que estaba Remo Carlo-tto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y Pablo Vassel, director de esa misma área por el Consejo de la Magistratura. “Lo que pasa es que en Río Gallegos la actividad subversiva fue de baja intensidad”, se justificó, palabras más, palabras menos, con una expresión que dejó a sus oyentes algo alterados. “Mire, lo que me llama la atención y me preocupa es su vocabulario –dicen que le dijo Carlotto–: lo que usted está investigando son crímenes de lesa humanidad.”

La jueza Alvarez era subrogante y dejó el juzgado finalmente el 18 de mayo de este año. Por la nueva ley de conjueces asumió como conjueza Andrea Askenazi Vera, que ahora tiene el expediente. Uno de los temores que todavía persiste sin embargo es la evaluación que sobre los casos hizo la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Hace dos años, Alvarez procesó a cinco acusados por dos hechos de la UP 15. Dos de ellos no apelaron el procesamiento, pero otros tres sí, entre ellos algunos de los máximos responsables de la estructura represiva local. La Cámara dio vuelta los procesamientos y, en un revés para la investigación, que quedó paralizada, les dictó la falta de mérito. Según datos de los investigadores, el problema es que consideró que los cargos que ocuparon en la estructura represiva no eran pruebas suficientes para acusarlos.

Largo camino

Después de un largo camino, las causas por víctimas e imputados individuales en Santa Cruz están intentando reunirse en una sola causa. Allí están incluidos por nuevos hechos, es decir por otras víctimas, también aquellos que quedaron con falta de mérito. En números, las víctimas son 32 y podrían agregarse tres en los próximos meses. Y diez imputados. Aquello que tienen en común es que todos pasaron por la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal de Río Gallegos durante la dictadura. Entre ellos, hay obreros y dirigentes sindicales de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) y militantes de la JP. Entre otros, está el caso de Kirchner y Rafael Flores, militantes de la JUP de La Plata. En marzo de 1977, según el expediente, Kirchner fue citado al Casino de Oficiales. El día 15 quedó detenido en la UP 15 en la celda vecina de Flores y ambos fueron liberados el día 18. A Flores lo fueron a buscar a su casa de Río Gallegos para presentarse ante el Distrito Militar de esa ciudad. Fue al Casino de Oficiales, se presentó ante el capitán del Ejército Eduardo Gentiluomo, que le dijo que se encontraba demorado a disposición del Ejército por averiguación de antecedentes. Según el expediente, lo interrogaron en tono formal y sin amenazas sobre su militancia política. En el momento de su liberación, lo condujeron al Regimiento donde el coronel Alberto Calloni, responsable del área, le dijo que no había nada de qué inculparlo y que se cuidara de no realizar actividades políticas. Se fue en auto junto a Néstor Kirchner.

Hay otros dos casos representativos. El de Luis Islas, que detuvieron porque tenía un retrato del Che Guevara pintado en su casa. El 6 de abril de 1977 lo llevaron a la comisaría de Río Turbio porque un cabo del Ejército lo denunció. Tomó intervención Gendarmería, lo interrogaron y allanaron su habitación. El 7 de abril lo trasladaron a la UP 15, lo interrogaron y lo golpeó personal del Ejército. Estuvo alojado en un calabozo sin ver a nadie durante 25 días. El día 29 de abril, personal de la PFA lo llevó a la U6 de Rawson, donde lo volvieron a golpear. El 24 de diciembre de 1977 lo liberaron por aplicación del decreto PEN 3807/77, firmado por Jorge Rafael Videla, junto a otros 387 detenidos.

Otro caso emblemático fue el de Horacio Díaz; su nombre encabeza una de las causas. Díaz trabajó en YCF desde 1973 a 1976 y perteneció a la comisión directiva del sindicato de la empresa. Lo detuvieron el 19 de septiembre de 1977 en un proceso que se convirtió en un infierno. Personal del Escuadrón 43 de Gendarmería lo arrestó en su casa de Río Turbio. El día después, una comisión de oficiales y suboficiales del Ejército lo trasladó en tren hasta la UP 15 de Río Gallegos. En varias oportunidades lo interrogaron y lo sometieron a toda clase de apremios ilegales, según la causa y su denuncia. Permaneció detenido e incomunicado hasta el 18 de octubre de 1977, fecha en la que fue liberado a disposición del PEN. Este año lo citaron para tomarle declaración. Su hija se presentó en su lugar a dar testimonio. Dijo que estaba allí porque su padre estaba muerto, pero ella seguía esperando justicia.

Los acusados

Entre los responsables hay integrantes del Ejército, Policía Provincial, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y SPF. La mayor parte está acusada por privación ilegal de la libertad, en la causa no hay desaparecidos ni asesinados. Sí hay denuncias de tormentos, por lo menos dos, que aún no han sido imputadas a los represores. Los principales acusados que aún están vivos son tres: Jorge Osvaldo García, jefe de la subzona; Eduardo Sarmiento, jefe de la sección inteligencia del Ejército, y Humberto Pompillo Ferrucci, que era el jefe del destacamento de Inteligencia 183. Estas tres personas fueron procesadas por la jueza Alvarez y la Cámara les dictó la falta de mérito. En mayo de este año, Sarmiento y Pompillo Ferrucci pudieron ser indagados en el marco de la acumulación de la causa que incorporó nuevos hechos, están acusados, entre otros casos, por el de Kirchner.