Las empresas mineras que operan en Santa Cruz anticiparon que no pagarán el impuesto que aprobó recientemente la Legislatura provincial y llevarían su reclamo a la Justicia en los próximos días. El Impuesto Inmobiliario que grava con una alícuota del 1 por ciento a las reservas de minerales declaradas desató el reclamo del sector, celoso de proteger el generoso esquema tributario de los ‘90. Las mineras buscan evitar que otras provincias, que también están preocupadas en cómo captar una mayor porción de la renta minera, imiten el mecanismo. Por otro lado, si bien el giro de utilidades está limitado por el gobierno, en línea con el control de cambios, en el primer trimestre el sector fue favorecido frente a otros.

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó el jueves pasado el Impuesto Inmobiliario Minero, que grava con una alícuota del 1 por ciento el valor de las reservas del yacimiento. El proyecto fue impulsado por el gobernador Daniel Peralta, quien está enfrentado con el gobierno nacional, y contó con la aprobación de los legisladores peronistas que le responden y de la UCR, mientras que el kirchnerismo se abstuvo.

A partir de la ley, las mineras deben presentar de forma anual una declaración jurada donde se detalla el volumen de las reservas, “el cual no podrá ser menor al volumen consignado en el estudio de factibilidad –que se realiza al comienzo de la inversión– y/o en los estados contables, más las variaciones emergentes de la explotación de la mina y la exploración llevada a cabo”, indica la norma. La cotización de las reservas se determinará por el precio del metal en el mercado nacional o internacional, según el que resulte mayor al último día hábil del año.

Las mineras plantean que la norma viola la estabilidad fiscal que les fue asegurada por 30 años a comienzos de los ‘90, por lo que se negarán a pagar el impuesto e irán a la Justicia. El argumento de la estabilidad fiscal es un clásico por parte de las empresas ante cada modificación del esquema de captación de la renta por parte del sector público. Del mismo modo, las mineras sostienen que los derechos de exportación que aplicó Néstor Kirchner durante su presidencia también violan el pacto fiscal, el cual supone una ventaja extraordinaria para las empresas con relación a otros sectores cuyas inversiones también son riesgosas e inciertas.

Los proyectos más importantes en Santa Cruz son Cerro Vanguardia, propiedad en un 92,5 por ciento de AngloGold Ashanti y 7,5 por ciento de la empresa provincial Fomicruz; Manantial Espejo, de Pan American Silver Corp; la mina San José, de Minera Santa Cruz; y la mina Martha, de Minera Polimet. En tanto, Yamana Gold busca explotar para 2015 oro y plata en Puerto Deseado, donde tiene problemas con la comunidad, después de no haberse podido instalar en Esquel por el fuerte rechazo popular. La norma votada por Santa Cruz marca que los proyectos en etapa de prospección y exploración quedan exentos hasta haber presentado el estudio de factibilidad, al igual que los proyectos con participación de Fomicruz.

Desde el año pasado, el gobierno limita el giro de dividendos al exterior. La regulación no es escrita, aunque rige para todos los sectores en línea con la introducción de la prohibición para la compra de dólares para atesorar. En términos relativos frente a otras actividades, la minería en el primer trimestre resultó beneficiada. Según el último balance cambiario del Banco Central, la minería explicó 105 de los 153 millones de dólares que se giraron al exterior. De todos modos resulta un monto inferior al registrado años anteriores, cuando no existía el control de cambios. Según fuentes consultadas por este diario, Minera Alumbrera, que opera en Catamarca, puede enviar al exterior 1 millón de dólares por día, unos 250 millones anuales. Barrick Gold, que extrae oro en el yacimiento de Veladero, en tanto, reinvierte utilidades para su megaproyecto binacional Pascua-Lama, aunque pide al gobierno que apruebe giros como señal hacia su casa matriz.