El kirchnerismo se tomará su tiempo para intentar avanzar en la Cámara de Diputados con el proyecto de Carlos Kunkel que le quita a la Corte Suprema la facultades presupuestarias para que las mismas pasen a manos del Consejo de la Magistratura. La iniciativa propone la reglamentación del artículo 114 de la Constitución, que tras la reforma del ’94 traslada a la Magistratura el manejo del presupuesto del Poder Judicial, aunque éste sigue bajo la tutela de los cortesanos. En medio del debate legislativo sobre las leyes que el Gobierno envió al Congreso para “democratizar la Justicia”, la propia Corte hizo llegar a la Cámara baja su preocupación por las “dificultades” que acarrearía a la tarea judicial que el presupuesto quedara a cargo del Consejo, a pesar de contradecir el texto de la Carta Magna. Entonces, el oficialismo cedió al pedido avalado por los cortesanos, pero tras la resolución de la Corte que declaró “inconstitucional” la elección a través del voto popular de parte de los consejeros de la Magistratura, un grupo de diputados kirchneristas bonaerenses volvió a insistir en el proyecto original que el Ejecutivo envió al Parlamento.

El proyecto, al menos en lo inmediato, no forma parte de la agenda urgente del oficialismo en el Congreso. La iniciativa ya ingresó en la Cámara baja y la bancada kirchnerista se tomará su tiempo para fijar la estrategia parlamentaria. Se trata de analizar no sólo los tiempos, sino también la oportunidad y la necesidad de garantizar la propia tropa para un debate en el que toda la oposición está alineada detrás de la postura judicial.

Por ahora, el proyecto de Kunkel se propone mostrar como la llamada corporación judicial –según argumentan– “no es tan estricta en la aplicación de la Constitución o mira para otro lado cuando están en juego sus propios intereses”. En este caso, el manejo del presupuesto del Poder Judicial.

La iniciativa que lleva las firmas de varios diputados kirchneristas bonaerenses, entre ellos Kunkel, Diana Conti, Héctor Recalde, Teresa García, Gloria Bidegain y José María Díaz Bancalari, propone la “reglamentación del artículo 114 de la Constitución Nacional”. Un artículo que tras la reforma constitucional del ’94 traspasa de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura –que crea la propia reforma– las facultades presupuestarias y administrativas del Poder Judicial. Un texto que, en la práctica, nunca se puso en marcha.

Entre sus 17 artículos, la iniciativa propone que el Consejo de la Magistratura tenga atribuciones para “aprobar el anteproyecto del Presupuesto Anual del Poder Judicial que le remita la Comisión de Administración y Financiera y disponer su remisión al Poder Ejecutivo Nacional”. Así como “fijar las dotaciones de personal de los Tribunales, Juzgados y Dependencias que integran el Poder Judicial de la Nación”.

Ambos objetivos también estaban previstos en los textos originales de las leyes que conformaban el paquete que el Gobierno envió al Congreso este año con el objetivo de “democratizar la Justicia”, entre ellos el del ingreso democrático al Poder Judicial y el que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura y establecía la elección popular de los integrantes que representan a los jueces, abogados y académicos.

La Corte envió a la Cámara de Diputados una carta en la que se cuestionaba las “dificultades que ocasionaría al funcionamiento de la Justicia” que el presupuesto del Poder Judicial quedara en manos de un organismo con un funcionamiento de “carácter parlamentario” y que los magistrados no pudieran seguir nombrando en forma directa a sus colaboradores inmediatos por el grado de “confianza” que deban depositar en ellos. El Gobierno accedió a la propuesta de los cortesanos, modificó ambos proyectos y dejó en manos de la Corte el manejo presupuestario.

Tras la coordinada campaña opositora para frenar en la Justicia la elección popular de parte de los consejeros, la Corte declaró “inconstitucional” la metodología, pero no se pronunció sobre el manejo presupuestario. La decisión dio origen al proyecto que pasa a la Magistratura –según la Constitución– las facultades del Poder Judicial. Aunque por ahora, la iniciativa deberá esperar.