La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, promueve un proyecto de ley para cambiar el sistema de selección y remoción de jueces en la provincia y sumar al Consejo de la Magistratura local la participación de ciudadanos que no sean abogados ni miembros del Poder Judicial. La propuesta fue presentada ante el Consejo Económico y Social (CEyS) –un organismo consultivo que integran representantes de distintos sectores políticos, sindicales y universitarios–, que decidió impulsarlo aunque está analizando también la posibilidad de que la modificación del organismo sea a través de una enmienda constitucional y que por ley se instaure un sistema de concurso para llegar ser juez local, que no existe en la actualidad.

El proyecto de Ríos está en línea con el concepto de incorporar a los ciudadanos de a pie en la selección y sanción de jueces como mecanismo para “democratizar” la Justicia. En Tierra del Fuego hoy existe un Consejo de la Magistratura que tiene siete miembros, de los cuales dos son legisladores provinciales, uno es ministro del Poder Ejecutivo, uno es el fiscal de Estado (que es siempre el mismo), el presidente del Superior Tribunal de Justicia y dos abogados de la matrícula. A la hora, por ejemplo, de elegir a los magistrados, los candidatos sólo realizan un escrito y una entrevista que no lleva calificación, no hay evaluación de antecedentes ni nada similar, y los consejeros votan el que más les gusta y el Poder Ejecutivo refrenda o rechaza.

La variante que introduce la ley impulsada por la gobernadora es que en la etapa de las entrevistas a los postulantes intervengan dos vecinos, uno por cada distrito, elegidos por un mecanismo a establecer en la reglamentación, pero que sería por sorteo. Esos ciudadanos también participarán de la evaluación y la calificación del aspirante a juez. De por sí, además, la norma introduciría un sistema de concursos propiamente dicho. De la reunión con el CEyS, que preside la propia Ríos, surgieron posibles variantes para lograr las modificaciones: hay una propuesta para modificar la Constitución local de manera tal de modificar la integración del Consejo, y en ese caso se podría sacar al fiscal de Estado e introducir a dos ciudadanos como consejeros permanentes, no sólo en la etapa de entrevistas. Una idea es incorporar un representante de los empleados judiciales y dos de los jueces (uno por cada distrito). El sistema de concursos sí se establecería por ley.

La Legislatura provincial, que tiene 15 miembros, está sumamente fragmentada. El oficialismo local tiene dos legisladores, el bloque más numeroso es el del Frente para la Victoria, con cuatro, pero las mayorías no son permanentes. A todas las decisiones se llega por negociación y consenso. Una enmienda constitucional requiere mayoría calificada y un plebiscito. Una reforma legal, ocho votos. Por las deliberaciones en el Consejo, todo indicaría que habrá reforma, pero no está claro cómo quedará, aunque sí apuntaría a la participación popular.

“Desde hace 12 años que organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y partidos políticos fueguinos impulsan modificaciones al sistema de selección de magistrados y la discusión les es negada en forma sistemática. Es hora de hacerlos cargo de este debate”, dijo Ríos. Guillermo Worman, de la ONG Participación Ciudadana, dijo a este diario que “el actual sistema es arcaico y antidemocrático y no se ajusta a la jurisprudencia de la Corte sobre la realización de concursos públicos”. “Nosotros impulsamos la participación de la ciudadanía en la selección y remoción de jueces”, enfatizó. Luego recordó algunos ejemplos: “Mario Robbio, un capitán retirado de la Armada que integró la Secretaría de Información Pública entre 1978 y 1979, y que pedía profundizar la eliminación de la subversión, fue nombrado en 2002, hasta que por las denuncias tuvo que renunciar, en 2008; en 2003 fue elegida Sandra Pesclevi, pero no pudo jurar porque estaba presa acusada en un caso de cohecho; y en la actualidad es juez de instrucción penal provincial Javier de Gamas Soler, secretario de la causa AMIA involucrado en el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín”.