La presidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió su decisión de postergar el ascenso del jefe del Ejército, César Milan y defendió la política de derechos humanos de los gobiernos kirchneristas. Señaló que quienes los acusaron de “vengativos y de que atacaban a las instituciones” se han convertido “en el principal ariete” contra esa decisión. “Lo que impacta es que quienes se sentaron en una banca y sancionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida nos acusen a nosotros”, señaló. “Todos los hombres y mujeres del Gobierno, uniformados o no, tienen que responder ante la Justicia”, dijo al referirse a que la secretaría de Derechos Humanos entregó en los tribunales el informe sobre el jefe del Ejército elaborado por el CELS. Y también destacó que no permitirá “un linchamiento mediático”.

CFK consideró que las denuncias de la oposición contra Milani fueron parte de una campaña a cuyos responsables “no les interesan ni las víctimas (de los delitos de lesa humanidad) ni los derechos humanos”. “Por eso tomé la decisión de postergar hasta fin de año el debate en el Senado de los pliegos de los ascensos”, remarcó e insistió: “Hay que dejar de lado la campaña electoral para ciertas cosas”.

La cita en la Casa Rosada para ayer a la tarde anunciaba la presentación presidencial de un nuevo informe sobre extranjerización de tierras (ver página 3). Pero la Presidenta aprovechó para hablar también de la decisión de postergar el tratamiento del pliego de Milani a causa de las denuncias sobre su comportamiento durante la última dictadura en La Rioja.

La jefa de Estado defendió el compromiso del gobierno nacional con las políticas de memoria, verdad y justicia con números: “Llevamos 1053 procesados, 559 (hombres) elevados a juicio y 63 con solicitud de elevación. 475 personas fueron juzgadas en el marco de la Constitución, de los cuales 430 fueron condenados y 45 absueltos”, enumeró tras pedir el cese de aplausos: “No es para aplaudir. Preferiría que no hubiera ninguno, ya que significaría que no hubiéramos pasado por ese terror”. “Transformamos aquel Estado de impunidad en un Estado de Derecho”, destacó.

La Presidenta comparó la polémica que levantó la designación de Milani al frente del Ejército con las críticas que la oposición dedicó al acuerdo entre YPF y Chevron: “Antes nos criticaban porque no traíamos inversiones y ahora por traerlas. Hay que dejar de lado la campaña electoral para ciertas cosas”. Por último, advirtió que no aceptará “el linchamiento mediático de nadie en manos de quienes no les interesa ni las víctimas ni los derechos humanos” y remató: “No voy a ser títere de nadie”.

La Presidenta dijo que no había “nuevos elementos” en relación con Milani, es decir, que creía que el informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contenía datos que ya estaban a disposición de la Justicia pero que, de todas formas, el documento había sido enviado a los tribunales para su análisis. “Todos sus elementos fueron retirados de los propios juzgados, son partes de expedientes que obran en la Justicia”, dijo y dejó claro que “todos los hombres y mujeres del Gobierno, uniformados o no, tienen que responder ante la Justicia”.

En la carta con la que el CELS introdujo a la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta el contenido de su documento, se mencionó que la secretaría tenía en su poder la declaración que Ramón Olivera ofreció a la Comisión de Derechos Humanos de La Rioja en la que señalaba a Milani como quien lo había amenazado durante su detención en 1977. Sobre quienes tienen “opiniones diferentes”, CFK aseguró que “tienen todo el derecho a tenerlas, hemos estado en desacuerdo en otras oportunidades, tampoco es para hacerse los rulos, como dije alguna vez”.

La oposición, por su parte, reiteró sus críticas al nombramiento de Milani. En conferencia de prensa, los presidentes de bloques legislativos radicales, José Cano y Ricardo Gil Lavedra, el senador Gerardo Morales y la legisladora del FAP Norma Morandini volvieron a pedir el relevo del flamante jefe militar. “La postergación del tratamiento de su pliego expresa la necesidad que tiene el Gobierno de seguir ocultando las imputaciones por las cuales el general Milani no cuenta con aptitud suficiente ni calidad moral adecuada para el cargo”, advirtieron.

El primer candidato a diputado nacional por el Frente Renovador e intendente de Tigre, Sergio Massa, calificó de “regresión” que el ascenso de Milani “esté teñido de sospecha”, aunque respaldó la postergación del tratamiento de su pliego “hasta que quede clara” su actuación durante la última dictadura. Desde el PRO, el jefe del bloque de diputados, Federico Pinedo, aseguró que “defender la postulación” del jefe del Ejército “es insostenible” y “malo para las instituciones mantener hasta las elecciones a un oficial cuestionado”. Fernando “Pino” Solanas afirmó que la postergación del tratamiento del pliego es “el reconocimiento de un error cometido por el gobierno nacional”.

Durante su discurso, la Presidenta opinó que “en la Argentina se consolidó a partir de 1930 una matriz que tuvo como objetivo separar las Fuerzas Armadas del pueblo” y relacionó esta hipótesis con lo sucedido en la última dictadura cívico-militar: “Creo que hubo una premeditación de generar un río de sangre, una brecha entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, cuando los grupos de interés las utilizaron de mano de obra barata para el trabajo sucio y algunos se quedaron con Papel Prensa. Muchos militares están presos, pero los responsables civiles siguen en la calle”, denunció. En ese sentido, consignó que se considera “responsable de sostener el legado de memoria, verdad y justicia y de incorporar a las Fuerzas Armadas a este proyecto de integración latinoamericana y crecimiento económico”. “Por eso tomé la decisión de postergar hasta fin de año el tratamiento en el Senado de los pliegos”.