“Tenemos que saber dónde y cómo estamos parados frente a este recurso estratégico como es la tierra. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego se debe conocer el esfuerzo realizado para aplicar esta ley, a pesar de que muchos de la oposición nos decían que era imposible crear un catastro nacional para conocer la titularidad de todas las tierras rurales del país.” Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un informe sobre la cantidad de hectáreas en manos de extranjeros, según lo establecido en la ley 26.737 aprobada en diciembre de 2011. Del total de hectáreas de tierras rurales del país, sólo el 5,93 por ciento está en manos de extranjeros. La normativa fija un límite total (nacional, provincial y municipal) del 15 por ciento. A su vez, ningún titular puede tener más de 1000 hectáreas a su nombre y una misma nacionalidad no puede superar el 4,5 por ciento de la superficie total. Según el informe presentado, ninguna de las 23 provincias del país donde hay tierras rurales sobrepasa el límite fijado por ley, aunque sí hay 49 subregiones que ya exceden ese número (ver aparte).

Si bien el proyecto del Ejecutivo había ingresado al Congreso en marzo de 2011, sólo pudo aprobarse tras el recambio parlamentario de aquel año porque el denominado Grupo A se había negado a tratar el proyecto. Al momento de la votación, los llamados agrodiputados, junto al bloque radical, votaron en contra. El PJ disidente, el PRO, y Proyecto Sur (versión 2009-2011) estuvieron ausentes.

“Cuando anuncié que enviaría esta ley al Congreso, un diputado de la oposición, que era del grupo de los diputados agrarios, aquellos que habían venido que parecía que íbamos a hacer la revolución agraria, me gritó como cuestionándome por qué no sancionábamos una ley para proteger las tierras. Y él después no la votó, al igual que su bancada”, ironizó la mandataria. Fernández de Kirchner hablaba de Pablo Orsolini, ex vicepresidente de FAA y actual diputado de la UCR. El otro integrante de la FAA que tampoco acompañó la normativa fue Ulises Forte (UCR). “No están dadas las condiciones para tratar el proyecto”, había dicho a Página/12 el dirigente federado.

El resto de los dirigentes que habían ingresado al Parlamento con el discurso de la defensa del campo también votaron en contra, entre ellos Ricardo Buryaile, ex vicepresidente de CRA; Juan Casañas, vinculado con FAA; Jorge Chemes, ex titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos; Lucio Aspiazu, ingeniero agrónomo; Hilma Re, de la Coalición Cívica; Forte y Orsolini. Durante las sesiones extraordinarias de 2011, el FpV consiguió aprobar esta norma con 153 votos, contra 26 negativos, una abstención y una larga lista de legisladores que a la hora de tomar una decisión optaron por abandonar el recinto, como los diputados del PRO, Proyecto Sur y el peronismo disidente. En el Senado, la votación resultó 62 votos afirmativos contra uno negativo (Juan Carlos Romero).

El proyecto original establecía un límite global del 20 por ciento, pero a partir del debate parlamentario se fijó un límite del 15 por ciento. Hasta la conformación del Registro Nacional de Tierras no existía una base de datos unificada en todo el país que permitiera cruzar información fidedigna sobre los distintos catastros nacionales, provinciales y municipales. La Federación Agraria solía decir que el 10 por ciento del territorio estaba en manos extranjeras. “Orsolini dijo que en 2013 el 45 por ciento de las tierras estaría en manos extranjeras”, acotó Fernández de Kirchner durante su discurso. Incluso, las ONG ambientalistas recalcaban una y otra vez que toda la Patagonia había sido entregada al empresario Benetton.

“Fíjense todas las cosas que se han dicho en estos años y lo que es peor, que cuando tienen que sentarse en la banca a votar, uno se entera por los medios de comunicación, donde estaban hablando, que no están sentados en sus bancas. Por eso es tan importante saber elegir”, reafirmó la Presidenta, con la mirada puesta en las próximas elecciones parlamentarias.

Según el informe elaborado por el Registro Nacional de Tierras Rurales, ninguna de las 23 provincias excede el límite del 15 por ciento. Sin embargo, de las 569 divisiones subprovinciales consensuadas con las provincias, sólo 49 pasaron el límite que fija que la ley. La mayoría de esas regiones se encuentran en el norte del país. En esos lugares no podrán venderse más tierras a extranjeros. En cambio, en la Patagonia hay un nivel de ocupación de extranjeros que va del 0 al 15 por ciento. Como la norma prohíbe vender a extranjeros tierras que sean aledañas a “cuerpos de agua de envergadura”, los limitantes para la venta son mayores.

“Estemos atentos a lo que dicen, pero más a lo que hacen. Nosotros estamos atentos y realmente hacemos y queremos cumplir, aun cuando las ideas sean de otros. Si son buenas, bienvenidas sean, las llevaremos adelante y, fundamentalmente, las ejecutamos. Cuando se hizo la ley parecía mentira que pudiéramos hacer este inmenso trabajo catastral. Hoy, los argentinos, este gobierno y los que vengan tienen la posibilidad de manejar, de conocer, de saber la situación de sus recursos naturales como el agua y la tierra, recursos vitales para este siglo XXI”, concluyó Fernández de Kirchner.

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