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El juez federal Carlos Skidelsky leyó ante el acusado los cargos y las pruebas en su contra. Horacio Losito, ex agregado militar en Roma, sacó una lapicera dorada y comenzó a tomar nota. “No entiendo a qué se refiere la prueba”, manifestó durante la audiencia. “Está todo a su disposición”, le contestó el magistrado. La actitud del militar fue similar a la de sus otros dos compañeros citados ayer en Resistencia por la Masacre de Margarita Belén. Los tres se negaron a declarar, pero estuvieron atentos e interesados en conocer y analizar personalmente el expediente.
Losito fue el primero de los tres acusados en presentarse ante Skidelsky, quien investiga el asesinato de 22 presos en diciembre de 1976. Luego fue el turno de Athos Gustavo Renés y Rafael Carnero Sabol, quien, a diferencia de sus compañeros, concurrió a la audiencia vestido con el uniforme militar. Los tres están acusados de ser ejecutores directos de los asesinatos de 22 detenidos políticos. Formaban parte del convoy que debía llevar a las víctimas desde Resistencia a Formosa pero las fusiló en el camino. Renés, además, fue el jefe del grupo, quien retiró a los presos de la alcaidía y los entregó muertos.
Los militares, que están siendo asistidos por el defensor oficial Carlos Pujol, se ampararon en su derecho de negarse a declarar, pero las audiencias no fueron cortas. Skidelsky les dio a conocer todas las pruebas que hay en el expediente, que tiene más de 1600 fojas. Entre estos papeles figura el informe de la Cámara Federal porteña que juzgó a los ex comandantes. En ese juicio se ventiló el caso de Margarita Belén y los camaristas concluyeron que no se trató de un intento de fuga –como quisieron presentarlo los militares– sino de un asesinato múltiple.
Entre hoy y mañana el magistrado interrogará a otros seis acusados. Para completar el trámite, el juez debería escuchar al décimo detenido, Jorge Alcides Larrateguy, pero éste está internado en el Hospital Militar en Buenos Aires.
Las declaraciones indagatorias estaban pautadas para la semana pasada, pero los militares lograron aplazarlas con la presentación de un hábeas corpus. El escrito fue desestimado por el juez, pero esa medida fue impugnada por el fiscal Carlos Senserri, designado especialmente para ese trámite porque el fiscal de la causa, Jorge Auat, estaba en Buenos Aires.
El rechazo del hábeas corpus fue confirmado, pero el abogado de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), Mario Bosch, atribuyó la posibilidad de que el expediente corriera riesgo de una intromisión del fiscal Carlos Flores Leyes, quien está imputado en el caso porque en 1976 era secretario del juzgado federal que intervino en el hecho y contribuyó a darle apariencia legal a lo que en realidad había sido una masacre. Flores Leyes se apartó de la denuncia iniciada por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) pero Senserri, quien intervino en el hábeas corpus, es secretario de su fiscalía. “Lo importante es que pese a todo y después de tanto tiempo los responsables están siendo sometidos a juicio”, señaló Bosch.
Los interrogatorios volvieron a demorarse ayer. Los tres acusados habían sido llevados por la mañana desde la Base de Apoyo Logístico del Ejército hasta el tribunal. Pero las declaraciones comenzaron cerca de las seis de la tarde porque Skidelsky tuvo que expedirse sobre una recusación en su contra presentada por la defensa.
Luego de la feria judicial, el juez deberá resolver si procesa a los detenidos y, además, cómo continúa la investigación. Auat pidió que el general Ricardo Brinzoni sea citado como testigo. El ex jefe del Ejército fue acusado por el CELS porque era secretario de la intervención en el Chaco cuando se llevó a cabo la masacre. Brinzoni aseguró luego haber hecho una “investigación propia” de la que concluyó que la masacre “no fue un enfrentamiento sino un fusilamiento encubierto de detenidos”.
Skidelsky también evaluará si cita a otro ex jefe del Ejército. El general Martín Balza otorgó recientemente la responsabilidad de losfusilamientos al represor Cristino Nicolaides –superior de los acusados en el momento de los hechos– y defendió a Losito, quien estaba cumpliendo funciones de agregado militar en Roma cuando su arresto fue ordenado por Skidelsky.