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El juez español Baltasar Garzón rechazó ayer los alegatos de la defensa y confirmó la prisión del represor argentino Ricardo Miguel Cavallo. El magistrado basó su decisión en el “riesgo de fuga” y la “gravedad de las acusaciones” contra el ex integrante de los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. El 29 de junio, el juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, ordenó la detención de Cavallo luego de que fuera extraditado de México a España.
El marino está acusado de los delitos de genocidio, tortura y terrorismo. Dos semanas atrás, Federico Gómez señaló a Cavallo como el integrante de la banda que el 10 de enero de 1977 secuestró a su padre Conrado, que se encuentra desaparecido. También declaró Marcelo Hernández, quien dijo haber visto a Cavallo en la ESMA.
Cuando el represor llegó a España, Garzón dictó una “orden de prisión, incondicional y comunicada”, al considerar que la “actividad delictiva imputada de forma provisional al procesado es de tal gravedad que no deja opción diferente a la medida de prisión”.
Además, Garzón ratificó ayer otro de los motivos. “El riesgo de sustracción a la Justicia es evidente, si se tiene en cuenta que si estuviera en libertad eludiría la acción judicial con tan sólo huir a la Argentina, su país de origen, en el que de momento, no podría ser perseguido por estos hechos por la aplicación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”.
Con estos argumentos, Garzón rechazó los alegatos de la defensa de Cavallo, que había planteado un tema de jurisdicción: la Justicia española –argumentaron los abogados del marino– carecería de jurisdicción para enjuiciar delitos cometidos por ciudadanos no españoles fuera del territorio.
En su dictamen, Garzón recordó que el 30 de octubre de 1998 la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional decretó la competencia de los tribunales españoles para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras militares de Chile y la Argentina.
El otro argumento de la defensa se basó en la inmunidad de los ex jefes de Estado que –según los abogados de Cavallo– protege también a sus subordinados. Desde un principio, el ex represor buscó comprometer institucionalmente al Estado argentino: por ejemplo, pidiendo instrucciones sobre qué tenía que declarar, alegando que como marino debía recibir órdenes de sus superiores. Sin embargo, Garzón dictaminó ayer que la inmunidad se extiende sólo a aquellas personas que ostentaron el cargo de jefe de Estado.