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Iba a ser la primera vez que un ex presidente declaraba acusado de homicidio, pero no pudo ser. Fernando de la Rúa logró zafar una vez más de dar explicaciones por cinco de los asesinatos ocurridos durante la represión que ordenó para frenar la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Aunque su abogado aseguró que estaba dispuesto a concurrir “con los zapatos lustrados y la corbata puesta”, cuando recibieron una llamada del juzgado para suspender la audiencia, uno de los colaboradores más cercanos a la jueza María Servini de Cubría aseguró a este diario que “eso es mentira”. Hoy la magistrada decidirá si ordena la captura de De la Rúa, tal como solicitaron los querellantes y los fiscales de la causa, por la reticencia del ex presidente a presentarse ante la Justicia.
Todo estaba previsto. Incluso los defensores habían admitido que estaban “resignados a perder”. Habían logrado con éxito postergar el trámite varias veces, y si finalmente se concretaba quedaría sin sentido el planteo que hicieron en la Corte Suprema para anular la medida ordenada por la jueza, obedeciendo a sus superiores de la Cámara Federal. Los camaristas consideraron que, además de los casos de homicidio, De la Rúa debe dar respuesta por “lesiones culposas reiteradas en 227 hechos”, ya que su responsabilidad política en los incidentes “no se puede ignorar”. Pero a las 9.21 apareció la noticia de que la audiencia había sido suspendida por tercera vez. Algunos militantes que acudían a los tribunales de Comodoro Py para repudiarlo llegaron a pegar la vuelta. Pero otros de Izquierda Unida mostraron sus carteles con la leyenda “Cárcel al asesino De la Rúa”.
Los abogados que representan a la madre de Carlos “Petete” Almirón, uno de los manifestantes asesinados durante la masacre, presentaron un pedido para que sea declarado “en rebeldía” y se dicte su captura. “A cualquiera de nosotros nos van a buscar con la policía, se supone que somos todos iguales pero parece que unos más que otros”, se quejó la letrada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). “Tiene que haber motivos muy fundados para postergar una indagatoria, y acá estamos hablando de cinco homicidios, más de 200 lesiones ocurridas en el día en que murieron 34 personas por la represión en todo el país”, recordó Verdú.
Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers estaban preparados para bajar del quinto al tercer piso cuando les avisaron que De la Rúa no había concurrido. Siguieron los pasos de los querellantes y solicitaron la detención de De la Rúa, porque “ya se ha frustrado en tres oportunidades la realización” del interrogatorio, y su “reticencia impide la prosecución del esclarecimiento de los sucesos”. Servini de Cubría decidirá hoy sobre el asunto y algunas fuentes especulaban con que la indagatoria podría producirse durante esta jornada. “Ni De La Rúa ni sus abogados se presentaron, no avisaron nada, faltaron”, dijeron en el juzgado.
Miguel Almeyra, uno de los defensores, sostuvo que “estábamos preparados para ir (al juzgado) y nos llamaron para decirnos que se había postergado”. En diálogo con Página/12, Almeyra enfatizó que “argumentaron que tenían mucho trabajo por la declaración de (Germán) Ka-mmerath”, y manifestó estar fastidiado por la situación en que quedó su cliente, que “vino expresamente desde Villa Rosa”. “No le estoy mintiendo, y mañana (por hoy) voy al juzgado a aclarar las cosas”, culminó.
Con casi un año de demora, Servini fijó la primera fecha y el ex presidente en lugar de presentarse pidió una serie de medidas de prueba. Mientras accedía a concretarlas, hubo una nueva convocatoria a la que faltó por una “intervención bucal” que le impedía hablar. Por eso ayer los fiscales pidieron que el Cuerpo Médico Forense verificara estas dolencias.