El perito balístico Roberto Locles fue condenado ayer a un año de prisión en suspenso y tres de inhabilitación para ejercer ese rol en todas sus aristas por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16 de la Ciudad de Buenos Aires, que lo halló culpable de haber alterado la bala que se extrajo del cuerpo de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero asesinado por una patota ferroviaria el 20 de octubre de 2010. La sentencia fue unánime y la pena fue menor que la solicitada por las dos querellas que participaron en el juicio, así como también de la fiscalía. No obstante, los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que representan a la familia Ferreyra se mostraron satisfechos. “Estamos satisfechos, la familia lo está. Es un paso importante en la reparación y también un fuerte símbolo. Se condenó y se inhabilitó a un perito que, durante su labor, cometió un delito grave”, evaluó el letrado Federico Efron. El 16 de septiembre, los jueces Gustavo González Ferrari, María Cristina Bértola e Inés Cantisani darán a conocer los argumentos.

Los jueces calificaron a Locles, de 76 años, “autor penalmente responsable del delito de alteración de un objeto destinado a servir de prueba” en relación con la actitud que el experto tuvo respecto del proyectil que se extrajo del cuerpo de Ferreyra durante el análisis que compartió con colegas. Durante ese encuentro pericial, y según consta en un acta labrada por los profesionales que participaron del estudio junto con él, Locles tomó el proyectil en cuestión y lo golpeó varias veces contra la mesa de trabajo. En febrero de 2011, la jueza –a cargo de la instrucción de la causa por la muerte de Ferreyra y las heridas graves que sufrieron otros tres militantes de agrupaciones de izquierda de parte de una patota de ferroviarios– decidió apartarlo de la causa.

La condena aplicada es ligeramente menor que las solicitadas por las partes acusatorias, quienes ayer emitieron sus alegatos al igual que la defensa. Mientras la fiscalía, representada por Fernando Fiszer, pidió dos años de prisión y una inhabilitación especial por el período de ocho años, la querella liderada por Efron exigió tres años y tres meses de prisión para Locles, además de seis años y seis meses de inhabilitación. La querella del militante herido Nelson Aguirre, representada por Claudia Ferraro, pidió tres años y ocho meses de cárcel, además del doble de tiempo de inhabilitación. Luis Grisoglia, abogado defensor de Locles, pidió su absolución. Ayer, antes de que los jueces emitieran el fallo, Locles tuvo oportunidad de exponer ante el TOC Nº 16, previo a que emitieran su fallo. El perito se lamentó: “Perdí todo por esto”. Y se quejó de estar “solo” en el banquillo de los acusados: “Acá también tendría que estar el médico que sacó la bala del cuerpo. El también deformó el proyectil. ¿Por qué estoy solo?”.

Tanto la querella de Ferreyra como la fiscalía consideraron la acción delictiva de Locles como un aporte a la estrategia de los acusados de instigar la muerte del joven militante –el ex titular del sindicato Unión Ferroviaria José Pedraza y su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández–, para desligarse del caso.

“Para nosotros existió una relación directa entre la acción de Locles y el momento en que se encontraba la instrucción sobre la implicancia de los acusados de más peso, Pedraza y Fernández sobre todo”, apuntó Efron. Si bien el perito fue aportado por la defensa del guardabarrera Guillermo Uño, su participación como profesional de parte era apoyada por la mayoría de las defensas, incluidas las de los ex número uno y dos del gremio.

“Surge de las escuchas telefónicas que el resultado del peritaje en el que Locles marcó la bala que se extrajo del cuerpo de Mariano era muy esperado por la defensa de Fernández y Pedraza. En el juicio, los peritos que presenciaron los golpes de la bala aseguraron que esas marcas habrían cambiado el resultado del análisis”, sumó el abogado del CELS.

Fiszer también apuntó al mismo vínculo al considerar que la acción delictiva del mediático perito “no fue un hecho aislado”, ya que “hubo una decisión de llevar a cabo este golpeteo para que se introdujera un nuevo interrogante en una causa”. “El objetivo era alterar el curso de la investigación, seguir confundiendo. Se introdujo una nueva duda, una variable que no tenía que ver con el proceso”, alegó Fiszer.

Otro punto en común que esbozaron las querellas y la fiscalía fueron las críticas que realizaron a la excusa que Locles expuso durante su declaración indagatoria ante los jueces, que planteaba su desconocimiento de la prueba. “Yo no sabía que era el proyectil que mató a Mariano Ferreyra. La bala estaba arriba de la mesa y nadie me avisó”, había intentado justificarse el perito durante la segunda audiencia del proceso oral. “No puede desconocer que estaba convocado para expedirse sobre el proyectil que había sido extraído del cuerpo de Ferreyra. Locles debió preguntar qué proyectil estaba tomando. El no preguntó porque sabía que lo que estaba haciendo producía una modificación”, concluyó Fiszer.

El fallo, que llegó tras un juicio que se extendió por algo más de dos semanas y contó con más de una decena de testigos, dejó a la querella de la familia Ferreyra satisfecha. “La condena tiene un peso importante en tanto símbolo, sobre todo la inhabilitación, ya que se trata de un perito que, durante su labor, cometió un delito grave”, evaluó Efron.