Después de haber derribado la mayor parte de la reforma judicial promovida por el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema firmó ayer una acordada con esta afirmación: “El Poder Judicial necesita reformas para acercarlo a las necesidades de la población”. Lo que propone el tribunal es que sea la propia corporación judicial la que diseñe los cambios. Lo más conveniente, dice la resolución suprema, es empezar por el sistema penal. Por eso ordenó crear tres comisiones integradas por jueces de diferentes instancias para que en noventa días presenten propuestas para “acelerar los juicios penales”, que podrán abarcar desde modificaciones internas hasta legislativas. La presidenta de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, cuestionó que “como no les gustó lo que aprobó el Poder Legislativo ahora les piden proyectos a los jueces, igual está planteado como para que nada pase a la larga”.

La acordada fue firmada por todos los jueces menos Carmen Argibay, quien está de acuerdo con el espíritu del planteo, pero considera que los jueces tienen que dedicarse exclusivamente a dictar sentencias. En el texto, la Corte se pone como ejemplo a seguir y dice que “resulta conveniente comenzar por aquellas demandas que comprometen los valores esenciales de la persona y que son, a su vez, las que más preocupan al ciudadano común y a la sociedad en su conjunto”. Por eso señala que hay que resolver problemas como la falta de designación de jueces, mejorar el sistema informático y pensar una reforma procesal.

Voceros de la Corte, a la vez, se mostraron molestos con el Consejo de la Magistratura y las demoras en la designación de jueces en distintos lugares, pero hicieron especial referencia a dos situaciones: las vacantes en Salta y Tucumán, donde explican que faltan jueces para ocuparse de las causas de derechos humanos y de drogas; y la acumulación de expediente de todo tipo en los tribunales orales federales, donde ya se crearon dos tribunales nuevos, pero el concurso se atascó.

La Corte recibió días atrás un informe de la Cámara de Casación Penal que da cuenta de 2387 juicios pendientes en los seis tribunales orales federales porteños. Por eso le mandó ayer una carta al presidente del Consejo, Mario Fera, diciéndole que se requiere “la habilitación urgente” de los tribunales que ya fueron creados en septiembre de 2010, e iniciados los concursos para integrarlos, pero que nunca fueron puestos en marcha. También le reclamó que llame a licitación pública para trasladar algunos tribunales, entre ellos de menores. En el alto tribunal sostienen que la mayor responsabilidad por los 249 juzgados vacantes que hay es del Consejo, y ante ese cuerpo respaldan los reclamos de la Asociación de Magistrados, que se volvió a quejar por ese asunto en un comunicado.

En su acordada para acelerar los juicios penales, la Corte indicó que habrá que formar tres comisiones de cinco jueces cada una, que serán designados por la Cámara de Casación Penal (entre cámaras y juzgados federales), la Cámara del Crimen (juzgados de primera instancia nacionales, de menores y de ejecución) y por último habrá una comisión de integrantes de tribunales orales. Estos equipos de jueces van a tener que diagnosticar y hacer propuestas sobre: “Reformas internas en el Poder Judicial referidas a procesos penales; elaboración de manuales de actuación y de gestión administrativa y procedimental; información al público, transparencia de los procesos, el rol de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales; reformas legislativas procesales; mejoras en el sistema de excarcelaciones y la situación de los detenidos”. Garrigós de Rébori, de Justicia Legítima, consideró que “es imposible elaborar todo eso en noventa días; lo que están pidiendo equivale a varios tratados de derecho”. “La Corte no está buscando soluciones prácticas, espera que redactemos un nuevo código procesal. Como expresión de deseos es algo que podría pedir cualquiera en todo el arco político”, dijo la titular de la Cámara del Crimen. “No les gustó lo que aprobó el Poder Legislativo, entonces ahora les piden proyectos a los jueces, ni siquiera convocaron a las universidades”, señaló la camarista. La Corte barrió las bases de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo, que se centraba en dar participación a la ciudadanía en el Consejo de la Magistratura. También retocó las leyes de ingreso democrático al Poder Judicial, y de declaraciones juradas y publicidad de las sentencias. La reforma procesal para agilizar (entre otras cosas) los juicios penales es un viejísimo reclamo en el que está de acuerdo todo el mundo, aunque a la hora de hilar fino implicará una pulseada de poder entre jueces y fiscales. Hubo muchos proyectos de prestigiosas organizaciones, pero la Corte quiere ponerse a la cabeza.