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El Ministerio Público Fiscal sostuvo ayer, en la primera jornada de su alegato ante el Tribunal Oral Federal Número 3, que el ex presidente Fernando de la Rúa es responsable por el pago de sobornos a senadores justicialistas para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral durante el gobierno de la Alianza. En el marco del juicio que se sigue a De la Rúa, dos ex funcionarios de su gobierno, el ex secretario parlamentario durante aquella gestión y “arrepentido” Mario Pontaquarto y a cuatro senadores justicialistas por cohecho, la fiscal Sabrina Namer comenzó su exposición con una aseveración: “Esta fiscalía está convencida de que el hecho existió y por eso va a acusar sin ninguna duda”.

La fiscalía desarrolló ayer, en la primera de tres jornadas que utilizará para detallar su determinación tras más de un año de juicio, la estructura general de su alegato, que adelantó que será condenatorio. Namer, a cargo de la exposición de los argumentos, definió al delito analizado durante el proceso como un hecho “sin precedentes” que derivó en la “pérdida de confianza” de la sociedad en sus instituciones. “En este juicio se habló de De la Rúa, Pontaquarto” y los demás acusados, “pero sobre todo de la importancia de las instituciones y el daño que sufrieron, porque la sociedad perdió la confianza en ellas”, agregó antes de remarcar que “la importancia de este juicio es enorme para la salud de las instituciones democráticas”, más allá del resultado en cuanto al veredicto. En lo específico de los roles que cumplieron cada uno de los acusados, la fiscalía alcanzó a mencionar a cada uno de los imputados en el juicio, Namer aseguró que existe un “cuadro probatorio que permitirá sostener con creces la acusación”, pese a la “demonización” que se hizo a lo largo de un año de juicio de muchos de los principales testigos, como el ex senador Antonio Cafiero o el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez.

“Se encuentra acreditado que el Dr. Fernando de la Rúa prometió a Augusto Alasino y Alberto Tell –dos de los ex senadores acusados, junto con Ricardo Branda y Remo Costanzo– la entrega del dinero que repartirían a otros colegas senadores a fin de que aprobaran la ley y ejercieran su influencia para que otros la aprobasen”, remarcó la fiscal sobre los cinco millones de pesos salidos de la SIDE. En ese tren, “siguiendo instrucciones directas” del entonces presidente, el ex titular de la SIDE Fernando De Santibañes, también procesado, se reunió en el organismo con Pontaquarto para dar directivas “sobre el modo de entrega” del dinero de la coima.

Para la fiscalía, lo “medular” del discurso del arrepentido Pontaquarto fue probado, más allá de sus contradicciones: De la Rúa “sabía con qué bueyes” trataba por su pasado como legislador en la Cámara alta y “en ese marco actuó para lograr la sanción de la ley”, argumentó Namer. “Importaba la sanción de una ley de flexibilización laboral que demostrara un triunfo de la Alianza, para no afectar la gobernabilidad”, aseguró la fiscal.

Por último, la primera parte del alegato de la parte acusadora pública se basó en desacreditar los dichos de los ex senadores que declararon como testigos en la causa y dijeron no haber sabido del pago de sobornos. “Podrían haberse autoincriminado” si lo admitían y por eso “varios de esos testimonios no pueden ser considerados objetivos e imparciales”. El desarrollo de los argumentos de la fiscalía se extenderá toda la semana y terminará con el pedido de penas. La semana pasada, la Oficina Anticorrupción reclamó seis años y seis meses de prisión para De la Rúa y De Santibañes; cinco años y seis meses para los ex senadores imputados, absolución para el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y un año de prisión en suspenso para Pontaquarto.