Después del furor de la audiencia pública, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dejó de ser una cuestión urgente para la Corte Suprema. Los siete jueces del tribunal llevan varios meses masticando el tema, más de cuatro años de conocerlo de cerca, e incluso la mayoría tendría posición tomada. Pero nada indica ahora que vayan a mostrar sus cartas al público antes de las elecciones de octubre. Entre ellos se ha dado este ritual: cada uno está urdiendo en su despacho individual un proyecto propio para pronunciarse sobre la validez constitucional de la norma; en el mientras tanto algunos se consultan y discuten entre ellos; cuando llega la reunión plenaria de los martes, todos ponen cara de que no tienen idea de nada de nadie y a veces ignoran el tema por completo.

Aunque la cara visible sea el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuentan funcionarios supremos que quien maneja los hilos es Juan Carlos Maqueda, un hombre que siempre gustó del arte de la política, cercano en la actualidad al gobernador José Manuel de la Sota. También dicen que se llevó cierta sorpresa frente al resultado de la audiencia pública, que pintaba como una discusión polarizada y política entre Clarín y el Gobierno, pero devino en un rico acontecimiento que dejó a la vista de toda la sociedad qué objetivos persigue cada quien en la pulseada: la defensa ciega patrimonial del multimedios, de argumentación limitada, que no admite la pérdida de su carácter monopólico, que considera una violación a la libertad de expresión, y una concepción amplia de ese derecho, planteada por el Estado, que entiende al sistema comunicacional en su complejidad, que incluye la libre circulación de información y la soberanía del público, y requiere regulación estatal.

Después de la audiencia pública, a fines del mes pasado, voceros de la Corte anunciaron que esperarían a que Raúl Zaffaroni volviera de un viaje a Alemania para ponerse a deliberar. Tal vez la partida de Zaffaroni fue muy evidente porque fue en la mitad de la primera jornada. Pero en cuanto terminó la segunda, también aprovecharon para hacer unos viajecitos otros ministros. Elena Highton de Nolasco se fue a Estados Unidos y Enrique Petracchi voló hacia el continente africano, según informan en el tribunal. Recién la semana pasada estuvieron todos juntos otra vez dispuestos a empezar a escribir sus votos sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA).

En concreto, la Corte Suprema tiene que pronunciarse sobre la validez constitucional de los artículos 45, 48, 41 y 161 de la ley de medios, aprobada en 2009. Los dos primeros fueron declarados parcialmente inconstitucionales por la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial. Son los que concentran las claves antimonopólicas de la ley: el 45 fija los límites a la concentración de licencias y el 48 dice que en la posesión de una licencia no hay un derecho adquirido. La Cámara le dio la razón a Clarín al admitir como argumento válido que al tener que resignar licencias para adaptarse a los topes de la LdSCA, eso impactará en su sustentabilidad, algo que asoció a la libertad de expresión.

La parsimonia que se respira ahora en la Corte, aunque es evidente que los jueces se vayan tanteando entre sí y tejiendo eventuales pequeñas alianzas, responde en parte a una suerte de pacto de no agresión con el gobierno nacional. La relación entre ambos poderes tuvo un punto máximo de tensión cuando el alto tribunal terminó de barrer con lo que quedaba en pie de la reforma judicial y puso sus propias reglas para algunos ítems, como la presentación de declaraciones juradas de los jueces.

Las posturas supremas en relación con la ley de medios no serían muy distintas que dos meses atrás, cuando se vislumbraba un empate entre Lorenzetti, Zaffaroni y Highton de Nolasco (a favor de la constitucionalidad) y Carlos Fayt, Maqueda y Carmen Argibay (en contra), lo que –de ser así– pondría en un lugar decisivo a Petracchi. En radio pasillo, las variantes salomónicas siguen a la orden del día. A la vez, si tal como parece, cada juez supremo redacta su propio voto habrá que ver cómo harán para confluir en un único resultado. No es una tarea que prometa ser resuelta en pocos días y está claro que en el tribunal no quieren que el fallo quede muy próximo a las elecciones. Quieren minimizar las interpretaciones políticas y electorales. En dos despachos ya dicen que sale después de las elecciones.

El hecho de que los supremos estén elaborando votos individuales habla de que la Corte no funciona como un bloque compacto, sino que cada cual atiende su juego, aunque varios coincidan en una aparente aspiración de trascender a los gobiernos.