Seis años de prisión es la pena que la fiscalía pidió para el ex presidente Fernando de la Rúa por el delito de cohecho activo en el pago de sobornos a senadores peronistas a cambio de votar la Ley de Flexibilización Laboral, en abril de 2000. Al finalizar su alegato, la fiscal Sabrina Namer solicitó que la misma pena sea aplicada para condenar al ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes. Y para los ex senadores justicialistas Augusto Alasino, Remo Costanzo, Ricardo Branda y Alberto Tell también requirió seis años por el delito de cohecho pasivo, dado que dio por probado que cobraron las coimas. Al arrepentido Mario Pontaquarto deberían condenarlo a un año y medio de cárcel en suspenso, según Namer, para quien el relato del ex secretario parlamentario es de “valor probatorio pleno”. Al finalizar una semana de alegatos, Namer declinó formular acusación penal contra el entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique y pidió su sobreseimiento al entender que no fue probada su participación en la maniobra que provocó la renuncia del ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez y marcó el inicio del fin del gobierno de la Alianza.

Pontaquarto ya fue condenado el año pasado a dos años y medio de prisión en una causa por no devolver viáticos del Senado cuando se desempeñaba como secretario administrativo, por lo cual la fiscalía pidió la unificación de la pena del arrepentido en tres años de prisión en suspenso.

La fiscalía calificó el delito cometido por De la Rúa como “cohecho activo agravado” por su condición de jefe de Estado por la “afectación de la confianza pública” en el funcionamiento del Poder Ejecutivo y del Legislativo. La pena pedida por la fiscalía para De la Rúa y De Santibañes coincide con la que pidió semanas atrás la querella, ejercida en este caso por la Oficina Anticorrupción.

La fiscal consideró plenamente probada la maniobra que se concretó cuando Pontaquarto entregó en el domicilio del también ex senador del PJ Emilio Cantarero una valija con 4,3 millones de pesos convertibles a dólares, que un día antes había retirado de las oficinas de De Santibañes en la SIDE. “Es imposible que ese dinero haya salido de la SIDE sin el conocimiento y autorización del presidente De la Rúa, a menos que se piense que estaba incapacitado para ejercer su función, algo que en este juicio ha quedado probado que no era así”, alegó la fiscal.

Quienes quedaron fuera del juicio son Cantarero, por su deterioro psicofísico, y el ex jefe de los senadores radicales, José Genoud, quien se quitó la vida. El mendocino era jefe de Pontaquarto y fue el negociador de la maniobra ante Alasino. Su suicidio se produjo a poco de ser imputado por haber cobrado, además, una parte de ese dinero, pero las razones habrían sido más bien personales y no vinculadas a la causa.

La fiscalía evaluó que el relato con el que Pontaquarto se autoincriminó en 2005 fue un “testimonio veraz con valor probatorio pleno”, ya que aportó detalles sobre las circunstancias en que se desarrolló la maniobra. En ese sentido, citó las precisiones sobre la reunión en la Casa Rosada entre De la Rúa, Genoud y De Santibañes, “que de ninguna manera podrían haber sido conocidas por alguien que no hubiera estado allí”. La acusadora afirmó que “De la Rúa prometió a Alasino y Tell entregar dinero y ordenó al jefe de la SIDE que articulara el pago”.

Ayer la defensa de De la Rúa elogió la decisión de la fiscalía de pedir la absolución de Flamarique. “Es un gran paso que hace desaparecer la falaz historia de la Banelco, falsamente atribuida a Flamarique”, dijeron los abogados Valeria Corbacho y Jorge Kirzenbaum, en alusión a los dichos que el sindicalista Hugo Moyano atribuyó al ex ministro. Para la fiscal, Flamarique ni siquiera conocía la negociación entre Genoud y Alasino.