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La base única de datos del Estado que piensa crear el Gobierno comenzará a tomar forma la próxima semana. El presidente Néstor Kirchner dispondrá por decreto la conformación de una comisión que se encargará de redactar el pliego de licitación para el megaproyecto. La otra novedad es que el recambio de los documentos de la población, una de las patas de la iniciativa, no sería compulsivo sino voluntario.
Para darle mayor transparencia a lo que representa un contrato millonario la comisión convocada por el Gobierno estará integrada por representantes del Registro Nacional de las Personas, la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la Administradora Fiscal de Ingresos Públicos, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y la Facultad de Ciencias Económicas, entre otros.
La iniciativa despertó polémicas por muchas razones. Una de ellas es sobre la manera en que se manejará la valiosa información, que se concentrará en muy pocas manos. Fuentes oficiales aseguran que se puede generar un mercado provechoso para comercializar subproductos. Así, pago de canon mediante, bancos o escribanías podrán acceder a diversos antecedentes comerciales. Bases que, hasta ahora, manejan empresas privadas.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, semanas atrás adelantó la idea de transformar esa base en una suerte de Veraz, que maneja antecedentes comerciales de las personas, pero del Estado. “Más aún: se podrían armar módulos de acuerdo al interés de diversas empresas para comercializar datos, pero siempre respetando la ley de hábeas data”, señaló una fuente de Casa Rosada.
Lo que ha cambiado es la manera en que se realizará la renovación gradual de los DNI. Originalmente Fernández había dicho que se haría de manera compulsiva, ya que no tenía sentido un cambio parcial si el objetivo es reducir al máximo la posibilidad de que se fragüen y también mejorar el control migratorio.
Anoche, oficialmente se admitió que el cambio será compulsivo para aquellos que no tengan recursos, ya que del financiamiento de esa renovación se encargará el Estado. A la clase media, en cambio, se la seducirá con un paquete de incentivos: por ejemplo el acceso a la visa norteamericana.
Nadie descarta de todos modos que, en realidad, haya algunos años de gracia, con una renovación optativa, pero que luego se convierta gradualmente en obligatoria. Se trata, en este caso, de un negocio jugoso, ya que el valor de cada documento –según estimó el Gobierno– oscilará entre los 20 y los 25 pesos.
En los planes oficiales, se piensa proveer gratuitamente los DNI para los recién nacidos. Tendrá el formato de tarjeta, similar al de una cédula, y no llevará ni la huella digital ni la foto. A los 8 años habrá una primera renovación, y se cambiará la tarjeta por otra, aunque con foto y huella digital. Y a los 16 años las personas accederán al DNI con formato tradicional.