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Las bandas mixtas esta vez picaron alto. Un cabo del comando de patrullas de Mar del Plata y un sargento ayudante con más de veinte años de antigüedad en el Ejército fueron detenidos en Mar del Plata por un presunto vínculo con una banda de robo de autos y desarmadores. La investigación partió de la policía, la misma institución que está ahora involucrada en lo que puede convertirse en un gran escándalo. El abogado de la policía de la Asesoría Letrada de la Jefatura Departamental está bajo la lupa de la Justicia, sospechado por una conexión con esas mismas bandas. Desde ese departamento manejaba las bases de datos de autos con pedido de secuestro, pero para borrarlos. “Casi por casualidad –adelantó una fuente judicial– se detectó que le daba de baja a los autos robados”. La causa está en la UFI de Marcos Pagella, pero fue impulsada por la comisaría sexta de Mar del Plata, una denuncia que provocó una suerte de rebelión contra esa seccional entre las huestes de las fuerzas de seguridad locales más reaccionarias.
La investigación sobre el policía abogado de apellido Lastra analiza en este momento sus presuntos vínculos con una agencia de compra y venta de autos ubicada en el centro de Mar del Plata. Los investigadores creen que la agencia era una suerte de boca de salida ideal para los negocios del policía. Una fuente calificada de la fiscalía da cuenta de la hipótesis que sigue la investigación: “La agencia –explicó– vendería esos autos robados que les llegan con el levantamiento de pedido de secuestro”.
El caso empezó a investigarse casi de casualidad. En marzo, un grupo de policías de la comisaría sexta de esa ciudad detuvo a un auto que -efectivamente– tenía pedido de secuestro. Así lo demostraron las primeras verificaciones que hicieron por radio al área de la Departamental que maneja la base de datos de ese tipo de casos. Los datos indicaban que el auto había sido robado en el Gran Buenos Aires. Con esa información, los policías de la 6ª secuestraron el vehículo, siguieron adelante con los procedimientos hasta que, al día siguiente, pidieron un informe oficial con los detalles. En ese momento saltó la maniobra: en los nuevos registros, el auto aparecía sin pedidos, ni antecedentes legales.
Estos detalles ahora integran el expediente que tramita en el juzgado de Pagella. Durante estos meses de actuaciones y trámites, el fiscal citó entre otros testigos al policía de la Departamental que había cambiado los datos. En su descargo, el policía acusó al abogado de la Asesoría Letrada: “Dijo que el abogado le había dado la orden –indicó una fuente–, que por eso las había borrado y que además no era la primera vez ni el único auto”.
La conexión entre la Asesoría y la agencia de autos habría partido del auto que detuvieron en marzo. Esa es una de las hipótesis que manejan los investigadores. Sospechan que aquel auto, en algún momento, habría entrado a la agencia para ser vendido.
Toda esta investigación provocó una suerte de revuelta entre algunos sectores de la Bonaerense local contra los responsables de la comisaría 6ª que aún sigue detrás de la causa. Esto sucedió hace tiempo, cuando en la jefatura de la Departamental de Seguridad de la ciudad estaba el comisario Alejo Díaz. Hace un mes, después de una serie de reclamos y movilizaciones impulsadas desde distintos sectores, la cúpula de la policía fue intervenida durante tres días por la provincia. Desde entonces, la jefatura está a cargo Miguel Presas, ex jefe de la DDI.
El sector manejado por Presas está ahora metido en la carrera contra los desarmaderos encarada por el gobierno de Felipe Solá. En ese contexto, durante este mes, Mar del Plata investigó, entró, allanó y produjo un tendal de allanamientos a desarmaderos. Sin embargo, los de ayer fueron distintos: una investigación disparada por las propias fuerzas de seguridad terminó con la detención de tres personas, entre ellos un cabo de policía de la Base Centenario del Comando de Patrullas y un militar dela agrupación de Artillería 601 de Mar del Plata. La causa entró a la fiscalía de Carlos Pelliza hace sólo unos días, apenas tiene diez fojas y aún no tiene elementos para probar una asociación ilícita entre los detenidos. Las indagatorias y la investigación permitirá saber si eran parte de una banda o sólo víctimas de una causa armada.