Los policías que abandonen su tarea podrían ser condenados hasta a ocho años de prisión si se convierte en ley el proyecto presentado ayer por el senador Aníbal Fernández (provincia de Buenos Aires, Frente para la Victoria) e incorporado por el Poder Ejecutivo al temario habilitado para las sesiones extraordinarias del Congreso, para ser tratado durante el mes de enero. “Asistimos, en la provincia de Córdoba primero y luego en otras provincias, a una actitud bochornosa de la policía”, sostuvo el ex jefe de Gabinete en una rueda de prensa, presentando el texto, que propone penas más graves en caso de que el abandono de tareas tenga como consecuencia daños materiales, lesiones o muertes. Fernández, además, rechazó la posibilidad de sindicalizar a las fuerzas de seguridad y sostuvo que “la democracia se debe una reforma de todas las policías”, aunque recordó que es un asunto que recae fundamentalmente sobre el gobierno de cada provincia.

“El miembro de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena”, establece uno de los dos párrafos que se agregarían al artículo 252 del Código Penal, según establece el proyecto.

Además, “si, como consecuencia del abandono u omisión tipificado en el párrafo precedente, se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos”, agrega el texto. El mismo artículo establece actualmente sanciones para funcionarios civiles y para militares que abandonen sus responsabilidades. “En cualquier caso –aclara– se impondrán las penas previstas siempre que no resultare un delito con pena más grave.”

El proyecto fue confeccionado por Fernández, tras los desmanes producidos en varias provincias como fruto de huelgas y acuartelamiento de las fuerzas policiales. “Yo, que he sido jefe de las fuerzas federales casi cinco años, nunca vi una cosa semejante”, manifestó el senador al presentarlo. “No deslegitimo ni les quito mérito a las quejas que pueden tener los hombres de las fuerzas de seguridad, pero ya hay caminos inventados para resolver este tema. Pero lo que no se puede aceptar es el abandono de la tarea”, agregó. A la luz de las noticias de actualidad, desde la Casa Rosada se dio luz verde para avanzar con esta norma durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

Consultado por la prensa, Fernández sostuvo que las protestas policíacas de las últimas semanas fueron “una extorsión” y que “eso no puede suceder más”. También rechazó la posibilidad de que las fuerzas de seguridad puedan sindicalizarse para resolver estos asuntos. “La democracia se debe una reforma de todas las policías, pero tenemos que discutirlo entre todos, porque es un poder no delegado”, es decir, que corresponde a las provincias.

“En ese marco, entre los gobiernos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional en algún momento tendremos que definir qué tipo de policías queremos”, insistió el senador. “Cuando haya una policía definida, gráficamente clara, con tareas específicas, con descentralizaciones positivas y definiendo sueldos lógicos, estaríamos yendo hacia un punto que nos pertenecería a todos”, concluyó.

El proyecto está fundamentado en el mismo Preámbulo de la Constitución Nacional, en tanto establece entre sus objetivos supremos el de “consolidar la paz interior” y advierte que si bien tanto la Carta Magna como la jurisprudencia a través de fallos de la Corte Suprema de la Nación desde 1869 establecen que “recae inexcusablemente en los gobiernos provinciales la obligación de organizar sus propias fuerzas de seguridad”, hay interés del gobierno nacional en el asunto “a fin de coordinar el accionar de las fuerzas de seguridad nacionales con las provinciales ante supuestos de máxima gravedad”, tal como queda establecido en la Ley de Seguridad Interior.

Por otra parte, según el texto, “no puede soslayarse que la pertenencia a una fuerza de seguridad –sin importar el distrito al que corresponda–” define al agente “como depositario de la confianza de los ciudadanos” y que “responsabilidades de tal envergadura exigen un apego irrestricto de los miembros de las fuerzas a las normas vigentes” y “la aplicación de las sanciones más rigurosas cuando, por cualquier motivo, se apartan del camino que su investidura exige”.

Finalmente, el proyecto hace mención a la importancia de poner bajo control las fuerzas de seguridad como potencial amenaza a la estabilidad política del país. “Encauzar el accionar de los agentes de las fuerzas de seguridad en el normal devenir que imponen los deberes y obligaciones inherentes a su jerarquía deviene imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas y los derechos de cada uno de los habitantes de la República Argentina”, termina el texto, que –de no mediar imprevistos– será tratado en enero y antes del comienzo del próximo año legislativo va a ser ley.