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El juez Claudio Bonadío sospecha que el intendente de Escobar, Luis Patti, encubrió a los militares prófugos en la causa en la que investiga la desaparición de una veintena de personas en 1980. Ayer ordenó el allanamiento de su oficina, secuestró agendas y documentos y lo citó para interrogarlo. El candidato a gobernador bonaerense por el Partido de Unidad Federalista (Paufe) y defensor de la tortura denunció que se trata de una persecución.
“No se fijó fecha para la indagatoria porque se informó que el intendente está de licencia, así que se aguardará a que vuelva a su puesto”, explicaron en Comodoro Py. Sin embargo, Patti se enteró de su citación, que en un principio estaba prevista para hoy. Ayer aseguró que “por supuesto” se presentaría “ante el requerimiento judicial, pero no sin antes expresarle a la opinión pública que la acción forma parte de una campaña de persecución política tendiente a obstruir la campaña electoral y el camino hacia la gobernación de la provincia”.
Según la investigación de Bonadío, Patti habría protegido y amparado durante más de un año a los dos últimos detenidos, el coronel Luis Enrique Arias Duval y el teniente coronel Jorge Granada, quienes se mantuvieron prófugos durante más de un año. Tampoco se descarta que tuviera vínculos con el coronel Arturo González Naya, quien aún sigue en esa condición, tanto en esta causa como en la que el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención de 44 represores a pedido de su par español Baltasar Garzón. Arias Duval y Granada fueron arrestados en el mismo momento en el que los militares buscados por Garzón empezaban a presentarse ante Canicoba Corral. Al ser interrogado por Bonadío, el 24 de julio pasado Arias Duval se negó a declarar. Al día siguiente fue detenido Granada, quien le habría revelado al magistrado una conversación con Patti.
“Arreglate con Mónica” –una supuesta secretaria–, habría expresado el intendente al represor, quien se habría comunicado telefónicamente con Patti para pedirle cobertura tanto para él como para sus compañeros.
Granada habría sido asesor del intendente de Escobar en temas de Seguridad desde mediados de los ‘90.
El candidato del Paufe, además de ser un defensor de la aplicación de la tortura y haber estado preso por llevar su idea a la práctica, estuvo involucrado en el asesinato, en un falso enfrentamiento, de los militantes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, en mayo de 1983. Durante la primera presidencia de Carlos Menem fue designado interventor en Catamarca en medio de la crisis que provocó el asesinato de María Soledad Morales, pero dejó esa provincia sin logros en el esclarecimiento del hecho y siguió con su carrera política junto a Menem.
En el expediente judicial en el que deberá ser interrogado Patti, Bonadío declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Lo hizo al procesar a veintiséis represores –entre ellos el fallecido dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y el jefe del Batallón 601 Carlos Alberto Roque Tepedino– que secuestraron, hicieron desaparecer y asesinaron a veinte personas que volvieron al país en el marco de la contraofensiva planeada por la dirigencia de la agrupación Montoneros.
En marzo de este año, la Cámara Federal confirmó la medida para catorce de los acusados: el ex jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, Jorge Ezequiel Suárez Nelson, Antonio Herminio Simón, Pascual Guerrieri, Carlos Fontanta, Julián Marina, Juan Gualco, Waldo Roldán, Mario Gómez Arenas, Carlos Tepedino, José Ramón Pereira, Santiago Hoya, y Juan Antonio “Colores” del Cerro. Todos los detenidos están imputados por “asociación ilícita agravada, homicidios agravados y secuestros”.